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El convenio de protección de las aldeas frente los incendios forestales, firmado entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y Seaga, está dando sus frutos, como muestran sus principales datos. Así, se completó la comprobación de la totalidad de las fajas secundarias de 92 ayuntamientos gallegos y se comprobó el estado de 685.000 parcelas, que suman casi que 44.000 hectáreas, siendo el porcentaje de superficie gestionada de un 65%, es decir, cerca de 29.000 hectáreas repartidas en 432.000 parcelas.
Estas cifras fueron destacadas por el conselleiro del Medio Rural, José González, durante su comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento gallego, para dar cuenta del balance de los fuegos forestales de este año y de las labores preventivas desarrollados por la Consellería.
El titular de Medio Rural trasladó, además, que al amparo de este convenio, con datos de 30 de noviembre, se llevan generadas un total de 35.326 notificaciones y 33.129 publicaciones en diarios oficiales, para advertir los propietarios de las parcelas no gestionadas de que en caso de que no hagan la limpieza se procederá a la ejecución por parte de la Administración pública, con la consiguiente repercusión del coste y con la imposición de la correspondiente sanción.
También en relación con el convenio, José González recordó que gracias a él ya se entregaron por parte de la Consellería de Medio Rural 242 planes municipales anti incendios a otros tantos ayuntamientos. De ellos, destacó, ya están aprobados un total de 158. A mayores, José González trasladó que en este año 2021 se decidió implantar un piloto de ocho ayuntamientos en los que se acometen los trabajos de limpieza por parte de la Xunta y que está previsto extender estas labores a otros cuatro municipios en los próximos meses, para completar un total de 12 ayuntamientos, escogidos en base a criterios técnicos y de ocurrencia de incendios, con sus franjas secundarias (las más próximas a las viviendas) completamente gestionadas antes de la temporada de máximo riesgo del próximo año 2022.
Gestión del territorio
En su intervención, el conselleiro hizo especial hincapié en el hecho de que, en Galicia, la lucha contra los incendios forestales pasa ineludiblemente por la gestión del territorio, partiendo, eso sí, de la base de que el monte arde porque lo queman los incendiarios. Por eso defendió un uso agrícola, ganadero y forestal sostenible de la tierra, como fórmula de generación de actividad económica, pero también como el mejor cortafuegos natural frente el fuego. En este ámbito de actuación, destacó, se mueven tanto la Ley de recuperación de la tierra como el Plan forestal 2021-2040, unos instrumentos que -dijo el conselleiro- se van a completar en el 2022 con las leyes de lucha integral contra los incendios forestales y de calidad alimentaria, esta última como mecanismo de valorización de la producción agroganadera gallega.
En este contexto, en relación con el balance de fuegos de 2021, José González trasladó que se registraron un total de 954 incendios en Galicia, con una superficie afectada de 4.371,9 hectáreas, unos datos que, destacó, muestran una tendencia positiva en los últimos ejercicios, a pesar de que insistió en “que mientras en Galicia arda una sola hectárea no estaremos conformes”. Asimismo, cuanto el número de registros, destacó que es la primera vez en la serie histórica que se baja de mil fuegos y que solo un 14% de ellos (135 en total) se convirtieron en incendios, mientras que el resto quedaron en conatos.
El conselleiro atribuyó estos buenos resultados al buen hacer del dispositivo, a la mayor concienciación ciudadana y al efecto que están produciendo medidas como la puesta en marcha del teléfono de denuncias de los comportamientos incendiarios 900 81 50 85, el incremento de los medios técnicos -caso de las cámaras de vídeo vigilancia el los drones- y la creación de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO). Así, destacó que la UIFO, formada por 15 miembros de la escala de agentes ambientales, está centrada específicamente en la investigación de los fuegos y en la coordinación y colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y recordó también la ampliación de la red de cámaras de vigilancia, hasta llegar a abarcar con ellas alrededor del 70% del territorio gallego, así como la dotación de 12 drones para el servicio.
El conselleiro también recordó -como otra de las causas de esta mejora en las cifras- que desde el año 2018, tras los fuegos del 2017, se aumentó el tiempo anual de actividad del personal hizo discontinuo, pasando así de tres meses de trabajo en 2017 a seis meses en la actualidad.
En esta misma línea, González mencionó además la creación de la subdirección de prevención dentro de la Dirección General de Defensa del Monte, que permitió lo despliegue de un importante trabajo preventivo y de anticipación, con la presencia en el territorio de 250 operarios, 41 tractores y otra maquinaria destinada a acondicionar las pistas de cara al próximo verano.
En parecidos términos, el conselleiro puso también en valor iniciativas como Interlumes, que permitirá la creación de la primera base aérea transfronteriza anti incendios forestales entre Galicia y Portugal, o el Centro integral de lucha contra el fuego que se está desarrollando en la localidad ourensana de Toén y en el que ya se están iniciando las obras en este 2021.
Por otra parte, José González destacó que su departamento destina el 33% del presupuesto global a la prevención de incendios. Así, manifestó que, de las cuentas de Medio Rural, más de 207 millones de euros corresponden a prevención, frente a los casi 91 millones más destinados a la extinción.
Ley de lucha integral contra los incendios
Además, el conselleiro desgranó algunos de los principales contenidos de la futura Ley de lucha integral contra los incendios forestales. Así, destacó que esta norma será fruto de un proceso participativo coordinado por la Universidad Vigo en el que intervinieron más de 200 personas. Esta labor derivó en unas directrices que servirán de punto de partida para la elaboración del anteproyecto de ley y que, anunció, serán presentadas al Consejo Forestal del próximo 11 de enero, como paso previo al inicio de la tramitación de la norma, que entrará en el Parlamento antes de que finalice el 2022.
Estas directrices establecerán, entre otros principios, la distribución competencial en la lucha contra el fuego. En este sentido, el conselleiro afeó que en estos momentos solo se estén entregando tractores para prevención a los ayuntamientos de la provincia de Ourense, por parte de esa Diputación, mientras el resto de diputaciones gallegas se niegan a colaborar con la Xunta en la financiación de estas máquinas.
También en relación con la futura ley, el conselleiro señaló que el sistema gallego de lucha integral contra los incendios debe basarse en una estructura profesionalizada, que debe estar compuesta principalmente por personal propio de la Consellería de Medio Rural, complementado con nuevas brigadas municipales también profesionales, con un mecanismo de selección uniforme a nivel autonómico y con un tiempo de contratación mínima de seis meses. Algo en el que -destacó González- también se requiere la implicación financiera de las diputaciones provinciales. Además, se marca la necesidad de configurar equipos especializados específicos para la intervención en los grandes incendios y en su análisis posterior, así como de una definición más pormenorizada de la figura del director técnico de extinción, que debe contar con un equipo de apoyo.
Del mismo modo, trasladó que las dichas directrices que definen el sistema deben distinguir entre la planificación preventiva y la ejecución de las tareas de prevención en sentido estricto, y también deben contemplar la extinción y la restauración y recuperación de los terrenos afectados por los fuegos.
A mayores, el conselleiro indicó que esta norma debe también reconocer el papel fundamental de las brigadas específicas dedicadas la investigación, avalando de este modo la creación de la UIFO, y que tiene que coordinar sus contenidos con los de las leyes de montes y de recuperación de la tierra agraria, tomando como concepto clave el de la gestión del territorio, para conseguir esa efectiva anticipación al fuego. Así, las directrices de la ley integral frente el fuego definen figuras como los paisajes cortafuegos, que buscan la generación de discontinuidades en la biomasa y que incluyen las áreas y polígonos cortafuegos de la Ley de recuperación, así como las agrupaciones forestales de gestión conjunta o las redes de fajas de gestión de la biomasa. También se contempla el concepto de paisaje en mosaico, tan tradicional y vinculado al territorio gallego.
Pacto frente a los fuegos
Por último, en relación con la tramitación de esa ley integral, el conselleiro advirtió que puede ser el marco ideal para que todos los grupos parlamentarios consigan “un pacto de la comunidad gallega para poder llevar a cabo una estrategia conjunta en esta lucha contra los incendios y contra la actividad incendiaria”, remarcó.
En esta línea, animó a todos, “gobierno, grupos parlamentarios, expertos y miembros del servicio” “a afrontar los retos que supone esta lucha y a tener la suficiente altura de miras para cumplir con el mandato que nos dieron los ciudadanos que nos votaron: ponernos de acuerdo en la solución de sus problemas”.
