El primer Pleno del actual periodo ordinario de sesiones ha comenzado a las 15:00 horas de hoy martes, 2 de febrero, con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Galicia sobre la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, que ha sido aprobada por 287 votos a favor, 51 votos en contra y ninguna abstención. Así, la Cámara Baja da luz verde al inicio de su tramitación parlamentaria.
Esta iniciativa, que ha sido defendida ante el Pleno por una delegación del parlamento autonómico compuesta por Diego Calvo Pouso (G.P. Popular de Galicia), Ana Pontón Mondelo (G.P. del Bloque Nacionalista Gallego) y Gonzalo Caballero Miguez (G.P. de los Socialistas de Galicia), solicita la transferencia a la comunidad autónoma de la “titularidad y competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración General del Estado en relación con la AP-9, autopista del Atlántico”.
Proposiciones no de Ley y Mociones
La sesión del martes ha continuado con las proposiciones no de ley, cuya votación se producirá el jueves junto con el resto de iniciativas para conceder plazo para la emisión del voto telemático. En primer lugar, se ha debatido la del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una hoja de ruta de la transferencia de conocimiento, que insta al Gobierno a “favorecer la incorporación de personal de perfil investigador (doctores) y de la realización de tesis doctorales en las empresas”; a “modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, integrando y actualizando en un único cuerpo normativo elementos recogidos en otras leyes”; a “financiar proyectos que requieran un componente de colaboración público-privada”; y a “explotar indicadores de transferencia de conocimiento a nivel nacional”.
A continuación, se ha debatido la proposición no de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre apoyo global y urgente al sector de la hostelería española. En el texto se solicita que el Ejecutivo aplique medidas como mecanismos de financiación adicional, reducción del IVA de la hostelería, ampliación de hasta ocho años del periodo de amortización de los créditos ICO COVID-19 para pymes y autónomos, prórroga automática de los ERTES hasta el 31 de mayo de 2021, exoneración de la obligación de cotizar y de pagar impuestos para los autónomos que hayan suspendido su actividad o la creación de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España, entre otras.
La sesión del martes ha finalizado con el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la “intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña“. A continuación, la del Grupo Parlamentario Popular, “sobre la gestión del ingreso mínimo vital”.
El debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX “sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para frenar la invasión migratoria en España” se pospone a mañana, miércoles, 3 de febrero.
Sesión de control
En la jornada del miércoles 3 de febrero, a partir de las 9:00 horas, se desarrollará la sesión de control al Gobierno con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo.
En esta ocasión se formularán 17 preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta; Y Sanidad, Carolina Darias.
Asimismo, se han presentado 3 interpelaciones urgentes. La primera, del Grupo Parlamentario Republicano, sobre “si tiene previsto el Gobierno un giro en su política territorial, y en particular respecto al conflicto con Cataluña”, dirigida al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. La segunda, del Grupo Parlamentario Popular, “para que el Gobierno explique los pasos que está dando para resolver el problema de financiación -actual y futura- de las Comunidades Autónomas”, que responderá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y, por último, la interpelación urgente presentada por Isidro Marínez Oblanca, de Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Mixto, sobre “el desarrollo de la campaña de vacunación del coronavirus COVID-19 para tratar de inmunizar a la población española en el menor tiempo posible y frenar las trágicas secuelas del contagio”, que contestará la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Real Decreto-ley de protección de los consumidores y dictámenes
La sesión plenaria del jueves, 4 de febrero, se iniciará, a las 9:00 horas, con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta norma modifica el texto consolidado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para desarrollar el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, “en sus relaciones de consumo, se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas”. Tiene como objetivo proteger a “colectivos vulnerables como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información”.
El Pleno continuará con los Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales: la Carta Social Europea revisada, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, y Declaración que España desea formular y el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de 2019, que regula el uso de la plataforma electrónica Iber@ como “medio formal y preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional”.
A continuación, se debatirá el Dictamen de la Comisión Constitucional sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno, al que se ha mantenido viva la enmienda del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el G.P. Mixto. Esta iniciativa, cuya tramitación fue aceptada por el Pleno el pasado 8 de septiembre de 2020, busca “eliminar la prerrogativa del fuero procesal especial para que todos los ciudadanos de Cantabria sean juzgados por los jueces o tribunales predeterminados por la ley”. Por su carácter orgánico, la propuesta necesita de la mayoría absoluta del pleno para su aprobación, previa a su remisión al Senado, donde continuaría su tramitación parlamentaria.
Debates de totalidad
El Pleno de esta semana finalizará con los debates de totalidad de sendas iniciativas legislativas. Primero, se debatirá la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Popular a la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Por último se verá el texto alternativo presentado por Junts per Catalunya, formación integrada en el Grupo Plural a la Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, impulsada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Las enmiendas a la totalidad se someterán a votación del Pleno. De acuerdo con el Reglamento del Congreso si una enmienda de texto alternativo es aceptada, será esta la que continúe su tramitación parlamentaria, mientras que si todas las enmiendas a la totalidad son rechazadas, la proposición de ley originaria continuará el proceso legislativo.
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