La directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Mercedes Rodríguez, expuso hoy en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia que las estimaciones realizadas por la Consellería del Mar sobre los recortes en los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas en el Cantábrico Noroeste y en aguas de Francia aprobados en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea de esta semana tienen un posible impacto en la economía gallega de más de 16 millones de euros.
Esta cifra -que se añade a los 26 millones estimados en las rebajas de las posibilidades de pesca establecidas en 2020 para este año que está a punto de finalizar- incluye las consecuencias en el conjunto de actividades vinculadas con el sector marítimo-pesquero gallego, que tiene incidencia de alguna manera en 64 de las 81 ramas de actividad económica existentes en la comunidad.

La representante del Ejecutivo gallego explicó que el cálculo hace referencia al acuerdo ya cerrado para las pesquerías del Atlántico y del mar del Norte, sin incluir las aguas compartidas con el Reino Unido. En estas últimas se establecieron para el primer trimestre de 2022 cuotas provisorias y proporcionales correspondientes al TAC existente este año -lo que da estabilidad a la actividad de la flota- a la espera de que se cierre el acuerdo definitivo entre Bruselas y el Gobierno británico.

Mercedes Rodríguez detalló que la incidencia directa en la flota pesquera gallega asciende a cerca de siete millones de euros, el equivalente a los ingresos que dejará de percibir por la primera venta de esas toneladas de captura que se pierden. De hecho, abundó, Galicia concentra el 63% del impacto de las reducciones de las posibilidades pesca en los caladeros del Cantábrico Noroeste, entre las que se incluyen el descenso del 8% en la merluza de aguas ibéricas, la caída del 19% en la bacaladilla o los recortes del 7% en la xarda y del 5% en el lenguado.
En cuanto a las repercusiones desde el punto de vista laboral, la directora general señaló que el acuerdo de TAC y cuotas ponen en riesgo cerca de 60 empleos y 2,4 millones de euros en salarios de las tripulaciones, que dejarían de ser percibidos por los marineros. De hecho, el impacto medio por tripulante a consecuencia de ese ajuste ascendería a 282 euros en su remuneración anual, una cuantía que habría que añadir a los más de 1.700 euros perdidos de promedio con las rebajas de cuotas aplicadas ya en este 2021.

La representante de la Consellería del Mar también cuantificó la incidencia indirecta del resultado del Consejo de Ministros de Pesca de la UE sobre los bienes y servicios proveídos a los barcos, que cifró en unos 2,8 millones de euros incluyendo los gastos de abastecimiento de combustible, hielo, víveres y servicios de reparación o administrativos, entre otros.

Balance del acuerdo

La directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica calificó los resultados conseguidos en el acuerdo sobre los TAC y cuotas para 2022 de escasos y muy limitados pues en la mayoría de los casos únicamente se lograron suavizar algunas propuestas iniciales de recortes o la estabilidad en las cuotas de otros recursos complementarios o accesorios. De los 17 stocks sobre los que ya se establecieron las posibilidades de pesca -el resto son compartidos con el Reino Unido- solo suben en cuatro mientras que se mantienen estables en cinco y bajan en ocho.

En este sentido, Mercedes Rodríguez indicó que el resultado global de las cuotas cerradas para el Cantábrico Noroeste en 2022 supone un descenso de más del 3% con respecto a 2021, por lo que el Ejecutivo gallego considera negativo el acuerdo conseguido. Entre los pocos aspectos positivos a destacar, remarcó, estarían la mejora en el caso del jurel -que pasó de una propuesta inicial de recorte de las cuotas del 16% la una subida del 12%- y el menor recorte de la merluza en aguas ibéricas -del 8%, frente al -18% inicial-.

La estas mejoras, recordó la directora general, contribuyeron los informes elaborados entre la Xunta, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el sector para hacer llegar a las instituciones europeas el impacto socioeconómico que tendrían las propuestas de lance de las posibilidades de captura en especies como la merluza, el jurel o el rape. Esos estudios fueron entregados a la delegación española en la negociación, integrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno andaluz en representación de las comunidades autónomas.

Aspectos sociales

La representante del Ejecutivo gallego lamentó que, tras tantas horas de negociación -fue el Consejo de Ministros de Pesca de la UE más largo de los últimos años-, no se consiguieran mejoras de mayor calado y que la Comisión Europea no fuera sensible a la situación actual de alerta sanitaria, en la que el sector pesquero fue declarado esencial y trabajó a destajo para abastecer de alimentos de calidad a la ciudadanía a pesar de que en algunas ocasiones no era rentable. Además, desaprobó que en la fijación de las posibilidades de pesca no haya un equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales, como debería ser de acuerdo con la política pesquería común (PPC).

Ante esta situación, concluyó Mercedes Rodríguez, Galicia seguirá trabajando de la mano del sector con el objetivo de que pueda mantener su actividad y demostrar a las autoridades europeas que la pesca tiene futuro y que la flota gallega la practica de manera responsable y respetuosa con los recursos. De hecho, ese bueno hacer permitió que la mayoría de los caladeros en los que faenan los buques gallegos se encuentren en rendimiento máximo sostenible (RMS), el nivel óptimo de capturas que se puede extraer de una población sin afectar al recurso.

Kevin Martínez