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La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, avanzó hoy la licitación de inversiones por importe de 188 millones de euros en el primer semestre de 2022 y llamó a unir esfuerzos para demandar un marco estatal que garantice la viabilidad de las obras públicas frente a la crisis de los materiales.
Vázquez Mourelle, junto con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, mantuvo hoy una reunión con la nueva junta directiva de la Asociación de Constructores de Pontevedra, que preside Miguel Ángel Carcoma, así como con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros.
En el encuentro, la conselleira les confirmó a los asistentes que la Xunta va a continuar apostando por las inversiones públicas cómo motor de recuperación de la economía y del empleo, procurando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los fondos europeos de reconstrucción.
Detalló que la Xunta va a licitar obras públicas relacionadas con la seguridad viaria y la movilidad sostenible, así como infraestructuras que facilitan el acceso al transporte público. También añadió la intensificación en el apoyo a los ayuntamientos en sus competencias de gestión del agua.
Además de promover nuevas inversiones en obras públicas, indicó que se adjudicarán actuaciones importantes licitadas en los últimos meses, como la mejora de la seguridad viaria en la carretera PO-330, en Valadares y Pereiró, en Vigo, por 1,8 M€. Además, el Gobierno gallego avanzará en la ejecución de obras en marcha como el nuevo hospital público Gran Montecelo, la conexión de la VAC Tui-A Guarda con la A-55 o la ampliación de IFEVI y la estación de autobuses de la intermodal de Vigo, estas dos últimas con final previsto en marzo.
En la reunión también se abordó la preocupación compartida con el sector con el impacto de la crisis de los materiales en la actividad de la construcción. A este respeto, Ethel Vázquez explicó el contenido de las medidas pioneras de la Xunta para garantizar la viabilidad de las obras públicas en ejecución frente a la subida desorbitada de los precios de la materias primas, pues aumentaron en los primeros 6 meses de 2021 tanto como en los 13 años anteriores y la escalada continúa.
Apuntó que el Gobierno gallego articuló medidas que pueden blindar 170 obras impulsadas por la Administración autonómica y salvar 5.300 puestos de trabajo.
No obstante, señaló que este problema no es exclusivo de Galicia, sino que quedan concursos desiertos y obras paralizadas en el conjunto del Estado, en este caso impulsadas por el Gobierno de España o por otras administraciones. Por esto reiteró la necesidad de medidas normativas a nivel estatal que garanticen la viabilidad de las obras públicas.
La conselleira apeló a sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la defensa de los intereses comunes, que son la dinamización de la economía y del empleo, el bienestar y el progreso de Galicia y de esta provincia.
Hizo hincapié en la necesidad de hacer una frente común en la reivindicación de infraestructuras imprescindibles como la Salida Sur de Vigo, el AVE que conecte de manera directa Vigo con Ourense y Madrid en un tiempo aceptable o la autovía Vigo-O Porriño, que no experimentó ningún avance en la vía alternativa desde el año 2018. “Son necesidades objetivas que debemos alejar de cualquier confrontación partidista y estéril”, subrayó.
Puso en valor el papel de los empresarios de la construcción, como pieza clave en el desarrollo de las infraestructuras públicas que generan progreso y bienestar en Galicia. A este respeto subrayó que este colectivo es el responsable de ejecutar las nuevas autovías, las obras de mejora de la seguridad viaria de las carreteras, las estaciones intermodales, las viviendas de protección oficial y también, los centros de salud o los hospitales públicos que impulsa la Xunta.
