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La Xunta está trabajando en la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda mediante la recopilación de distintos argumentos como un informe preceptivo solicitado al Consello Consultivo de Galicia. La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vazquez, explicó hoy que la Comunidad recurrirá a los tribunales si el Gobierno central no da respuesta en esta semana a las propuestas de modificación de la normativa que le remitió en los últimos días el Observatorio de la Vivienda de Galicia.
Precisamente, la responsable autonómica incidió antes de la reunión de este órgano consultivo sobre el sector de la vivienda en que los plazos para presentar el recurso de inconstitucionalidad se agotan y que el Ejecutivo central debe actuar con celeridad dando respuesta a las peticiones de cambios -con la introducción de ajustes o la supresión de ciertas partes del texto- para evitar los conflictos de competencias existentes con las autonomías. De lo contrario, Galicia seguirá los pasos que ya dieron otras comunidades como Andalucía, Baleares o Madrid.
La vicepresidenta segunda detalló que el documento remitido por el Observatorio al Gobierno central da respuesta al compromiso adquirido en la reunión de la comisión bilateral del pasado mes de enero, donde la Comunidad acordó trasladar las partes del texto legislativo en las que considera necesario introducir modificaciones para evitar el conflicto competencial.
Entre ellas, destacó cuestiones relacionadas con la okupación o con el alquiler de viviendas. “No vamos a permitir que la okupación sea el título habilitante para acceder a una vivienda pública ni que la inseguridad que genera ahonde en la retirada de viviendas del comprado del alquiler optando por la venta o el uso turístico”, aseveró Ángeles Vázquez.
La responsable autonómica pidió al Gobierno central que actúe con seriedad y rigurosidad dando una respuesta inmediata al Observatorio. En este sentido, justo después de aprobarse la ley estatal de vivienda -en mayo- la Xunta solicitó una comisión bilateral para analizar las discrepancias en su contenido, pero hasta meses después no tuvo respuesta y la reunión no fue convocada hasta enero.
La vicepresidenta segunda subrayó que está en la mano del Ejecutivo central evitar un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda estatal e incidió en que los servicios jurídicos del Gobierno gallego tienen perfectamente analizado el texto legislativo por se fuera necesario recurrir a la vía judicial para resolver el conflicto competencial. Precisamente, ese trabajo se complementará con el informe solicitado al Consello Consultivo de Galicia.
Discrepancias
La Xunta advirtió desde el primer momento de que la nueva ley por el derecho a la vivienda fue aprobada sin el consenso de las comunidades autónomas, invade parte de sus competencias, genera confusión normativa e inseguridad, ataca el derecho a la propiedad, prima a los okupas frente a los propietarios y apuesta por un modelo intervencionista que Galicia no comparte así como por medidas sancionadoras en lugar de fijar incentivos y medidas de estímulo para los propietarios.
En este sentido, contrasta la actuación de la Xunta en este caso -apostando por el diálogo desde el principio- con el comportamiento del Gobierno central en otras situaciones semejantes como la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, que fue recurrida directamente por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional sin la convocatoria de una comisión bilateral en la que se podría buscar la manera de dirimir las discrepancias existentes entre las partes.
Conferencia sectorial
La reunión del Observatorio de la Vivienda de Galicia también sirvió para dar cuenta de la última Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se celebró en Madrid a mediados de enero y en la que el Gobierno central trasladó que va a transferir a la Comunidad 25,2 millones de euros en el nuevo reparto territorial de los fondos europeos destinados a financiar diferentes líneas de ayudas en materia de vivienda que se convocarán este año.
En esta línea, a pesar de que la Xunta está de acuerdo con la distribución entre las comunidades, ve necesario un esfuerzo adicional y mayor financiación para aquellas comunidades como Galicia que cumplieron ampliamente los objetivos marcados. De hecho, la vicepresidenta segunda reiteró que para poder llegar y atender todas las solicitudes de subvención para rehabilitación en el ámbito residencial recibidas hasta el momento en la Comunidad, serían necesarios 140 millones de euros, por lo que los 25,2 millones que le corresponderán a Galicia para este año son insuficientes.
