El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes en funciones, Diego Calvo, acompañado del director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy en Palencia en la Conferencia Sectorial de Justicia, donde se abordaron entre otros temas los avances en la digitalización de la Administración General de Justicia. En este marco de acción, Diego Calvo presentó el balance de Galicia con los objetivos marcados para 2023 ya cumplidos al cien por ciento.
En esta línea se enmarca la digitalización de las más de 200 salas de vistas de la comunidad. Segundo señaló el vicepresidente primero en funciones, todas ellas cuentan con la equipación necesaria para la celebración de procedimientos de forma electrónica y los elementos instalados responden a las funcionalidades requeridas. El objetivo es disponer de salas de audiencia totalmente virtuales, en las que se puedan llevar a cabo acciones telemáticas con plena seguridad jurídica y mejorar el acceso a distancia de la ciudadanía a los servicios prestados por la Administración.
Otro de los hitos cumplidos es lo de la adjudicación del apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración General de Justicia, que contó en Galicia con un presupuesto de casi 15 millones de euros. En el marco de este objetivo se dotó el personal de puestos móviles y deslocalizados, y se están dotando las instalaciones de medios para la celebración de los actos procesales, como conexión WIFI, mejoras del sistema de videoconferencia, o servidores hipercorvengentes. También se reforzó la ciberseguridad con diversas medidas, como la implantación de nuevas herramientas y acciones de formación.
En cuanto a los sistemas de información y canales digitales, se trabaja para avanzar en la digitalización e interoperabilidad de las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito (OAVD) y del Instituto de Medicina Forense de Galicia (Imelga), así como en el expediente judicial electrónico y en la digitalización de libros del Registro Civil, entre otros proyectos, con la previsión de que estén finalizados .
Los avances en la digitalización de la Administración de Justicia en Galicia se enmarcan en el III Plan Tecnológico de la Administración de la Justicia en Galicia. Senda 2025, que busca la consolidación digital de la justicia, para hacerla más próxima a la ciudadanía con capacidad para ofrecer unos servicios más personalizados y adaptados a sus necesidades. El Plan cuenta con una inversión de 43 millones de euros en cinco años, lo que supone un incremento del 68% respeto de la inversión de los dos planes anteriores, Senda 2014 y Senda 2020, que movilizaron 50 millones de euros en diez años para avanzar en la digitalización de la justicia gallega.
Respuesta a las demandas del turno de oficio
Diego Calvo aprovechó también su turno de intervención para lamentar que el Ministerio no incluyera en la orden del día las demandas de abogados y procuradores de oficio, en huelga desde finales del pasado año, y cuya responde no puede dejarse únicamente en manos de las comunidades autónomas. “Es preciso resolver la demanda de un nuevo estatuto y abordar un plan de choque para hacerles frente a las consecuencias derivadas de los paros que se fueron sucediendo en los últimos meses entre diferentes colectivos del ámbito judicial”, apuntó.
En este ámbito, Calvo se refirió también al incremento salarial reclamado por las organizaciones sindicales. La este respeto insistió en la necesidad de que el Ministerio cierre un acuerdo para que el aumento recaiga en el salario o complemento general al tratarse de un cuerpo nacional, y no repercuta en los presupuestos autonómicos.
Por otra parte, en la reunión se acordó no someter la decisión a aprobación del decálogo sobre Justicia de los cuidados propuesto por el Ministerio como pilar básico para impulsar una Administración de Justicia más próxima a la ciudadanía y que tenga en cuenta todas las necesidades. En este sentido, Diego Calvo señaló que en Galicia ya se están aplicando los principios recogidos en el documento con los recursos humanos y materiales proporcionados por la Xunta, ofreciendo así “una justicia eficaz, accesible y de calidad que responde cuando se precisa con especial atención a las personas vulnerables y que precisa este decálogo una mayor ampliación de derechos y de personas”.