Galicia y Bretaña francesa coinciden en la necesidad de defender el sector ante decisiones injustificadas y sin base científica como el veto a la pesca de fondo

La conselleira del Mar urge al Gobierno central a presentar el recurso judicial contra esta decisión pues el plazo finaliza el próximo 19 de noviembre, en apenas dos semanas, y a solicitar la suspensión temporal de su aplicación

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, participó hoy junto al vicepresidente de Mar y Litoral del Consejo Regional de la Bretaña francesa, Daniel Cueff, en un encuentro con responsables de otras regiones afectadas por la prohibición de la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias en el que se evaluaron las consecuencias de esta medida para la flota. En este sentido, las dos principales regiones pesqueras europeas coincidieron en la necesidad de defender el sector ante decisiones injustificadas y sin base científica adoptadas por Bruselas como esta.

La representante del Ejecutivo gallego recordó que Galicia comenzó a trabajar ya en 2020 en la protección de la labor de los pescadores gallegos una vez que comprobó que la Estrategia de Biodiversidad impulsada por la Comisión Europea era en exceso medioambientalista al atribuir a la pesca a mayoría de los males que afectan a los mares y océanos. Desde entonces, mantuvo encuentros con el sector y elaboró informes para avalar la actividad sostenible que realiza la flota y las consecuencias socioeconómicas que tendrían las restricciones en determinadas artes de pesca.

La conselleira incidió en que, una vez en vigor el reglamento de ejecución aprobado por el Ejecutivo comunitario, la única herramienta de la que disponen el sector y los estados miembros en la defensa de sus intereses es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, urgió al Gobierno central a presentar lo antes posible el recurso contra el veto a la pesca de fondo y solicitar su suspensión temporal puesto que el día 19 de este mes finaliza el plazo para poder hacerlo, en apenas dos semanas.

Rosa Quintana también animó a los armadores a recurrir a la vía judicial de manera individual y recordó que la Xunta ya entregó tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como a los representantes del sector los argumentos recogidos en las últimas semanas por juristas especializados con la finalidad de que puedan fundamentar sus recursos. Ese documento también fue remitido a otras regiones europeas como la Bretaña francesa o Pays de Loire.

En esta línea, la conselleira destacó que la actividad extractiva es una de las más respetuosas con el medio ambiente, con una baja huella de carbono y nula huella hídrica, al tiempo que suministra alimentos de calidad a la ciudadanía fundamentales para tener una alimentación saludable, por lo que lamentó la puesta en marcha de medidas como esta que dificultan el desarrollo de la actividad.

La representante de la Xunta, que estuvo acompañada por el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Antonio Basanta, subrayó que Galicia apuesta también por la preservación de los fondos marinos y la protección de los recursos, pero de manera proporcional, equilibrado y compatible con la actividad pesquera sostenible que desarrolla la flota gallega. En este sentido, recordó que Bruselas aprobó lo veto de manera unilateral, sin consulta previa al sector y sin datos científicos que lo justificaran.

El encuentro

La reunión de responsables de las regiones europeas afectadas por la pesca de fondo se celebró en la sede de la Fundación Galicia Europa y en ella participaron, además del vicepresidente de Mar y Litoral del Consejo Regional de la Bretaña francesa, representantes de Pays de Loire (Francia), del País Vasco, Andalucía, del Grupo de Pesca y Acuicultura de la Comisión Arco Atlántico y de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de la Unión Europea.

Este encuentro da continuidad a los contactos mantenidos en las últimas semanas con otras comunidades autónomas españolas y regiones pesqueras europeas para hacer una frente común contra la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias, una medida que afecta a flotas como la de palangre de fondo, la volanta o el arrastre, con más de 200 buques gallegos afectados de manera directa

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