La reunión -a las 17.00 horas, de forma telemática- busca que Gobierno y comunidades intensifiquen su trabajo y den las mejores respuestas para gestionar una bolsa de millones de potenciales reclamaciones de consumidores y usuarios tras semanas de estado de alarma.
Ante esta previsión, el ministro propondrá trazar una estrategia de trabajo que sirva para planificar y anticiparse, sin que se mermen las garantías de protección a los consumidores y usuarios. Garzón propone trabajar por el interés general de la gran mayoría social y ello implica coordinar todos los medios y vías existentes para sancionar fraudes y abusos, y proteger especialmente a las personas más vulnerables y que con mayor intensidad están sufriendo esta crisis.
Con ello, se pretende que las medidas urgentes del Real Decreto-ley 11/2020 sean efectivas en el ámbito social y económico para la protección de los derechos de consumidores y usuarios. El Consejo de Ministros aprobó este importante paquete legislativo el 31 de marzo con el objetivo de paliar las consecuencias de la declaración del estado de alarma. El conjunto de medidas establece los plazos y condiciones para la búsqueda de acuerdos entre proveedores y clientes con el fin de proteger a los consumidores y, a la vez, evitar perjuicios económicos para las empresas.
“La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos requiere de las mejores respuestas y compromisos en todos los ámbitos para proteger a la población de nuestro país ante el virus, a la vez que se minimiza el impacto social y económico sobre las familias y las empresas”, defiende Garzón en el escrito remitido a las Comunidades Autónomas esta semana. “Poco a poco, con una ejemplaridad impecable y un compromiso firme por parte de millones de españoles y españolas, van mejorando los resultados en esta lucha”, concluye la misiva.
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