La Confederación Española de Policía vuelve a solicitar armeros en todas las comisarias de España ante el fallecimiento de un policía nacional en Burgos

El sindicato CEP responsabiliza al Ministerio del Interior ante su inacción

El agente, Óscar Piñón Casal, tenía 48 años, era de Ferrol y estaba suspendido de empleo al estar implicado en una operación con cocaína rosa. Sustrajo el arma a un compañero y tras ser perseguido desde Galicia, falleció esta madrugada durante un tiroteo con guardias civiles en Villagonzalo Pedernales, remarca el digital h50.

Un hecho por el que la Confederación Española de Policía responsabiliza al Ministerio del Interior recordando que hace tres décadas, concretamente en 1994, falleció casi una familia al completo en el municipio pontevedrés de Nigrán tras la sustracción de una pistola en la Comisaría de la Policía Nacional en Vigo, “en referencia al Policía Nacional de Ferrol fallecido en Burgos y a la posible sustracción de una pistola queremos denunciar que este desgraciado caso no es el primero ni será el último mientras la Administración no asuma su responsabilidad”, remarcan desde el sindicato policial.

“En 1994 una familia de Nigran perdió la vida con un arma sustraída en dependencias policiales, y desde hace casi tres décadas la Confederación Española de Policía reclama y denuncia la necesidad de armeros individuales en todas las dependencias policiales que garanticen la seguridad plena y custodia de las armas”, apuntan desde esta organización sindical, a la vez que señalan que  “el único culpable es la Administración, treinta años fueron más que suficientes para implantar esta medida de seguridad, y que ahora no busquen responsabilidades en agentes que nada o poco pueden hacer ante casos como estos”.

Desde el CEP apuntan a que el Ministerio del Interior debe asumir su responsabilidad ante estos hechos y no buscar chivos espiratorios, “no se pueden realizar gastos superfluos o usar medios y recursos de la Administración sin justificación y que después no tengan los recursos económicos necesarios para acometer la compra de medios de seguridad para los agentes”, y se preguntan “cómo se le pueden exigir armeros a las empresas de seguridad privada y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Estado carezcan de ellos”.

Desde esta organización sindical remarcan la necesidad de más control de la seguridad laboral cuando los policías den síntomas de padecer problemas psicosociales y estos sean denunciados por las organizaciones sindicales, no como pasa hoy día,  donde la Policía ignora a las organizaciones sindicales, y para ello ponen como ejemplo la denegación estos días de sendas evaluaciones psicosociales en la comisaría de Vigo y en la comisaría de Vilagarcía de Arousa.

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