La factura de la luz sube otro 3,4% en la primera mitad de septiembre

Va camino de ser la tercera más cara de la historia. La asociación reivindica al Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% y establezca una tarifa regulada para las familias.

La factura de la luz del usuario medio ha subido otro 3,4% en la primera mitad de septiembre, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo de este mes va camino de ser el tercero más caro de la historia.

De mantenerse el precio del kWh en la media en la que ha estado entre los días 1 y 16 de este mes, la factura de septiembre se situaría para el usuario medio en 83,47 euros (65,63 más el 27,19% de impuestos). Se trata de una familia con un consumo mensual de 366 kWh y 4,4 kW de potencia contratada con la tarifa semirregulada PVPC y el contador no adaptado a la telegestión. Dado que en septiembre de 2017 el recibo del usuario medio se situó en 72,08 euros, la subida interanual sería del 15,8%.

En cuanto al precio de la energía consumida, en los primeros 16 días de septiembre, el kWh se ha situado en una media de 17,56 céntimos (13,81 más impuestos). Un 17,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del año pasado.

La factura del usuario medio se situó el pasado agosto en 80,73 euros (mes en que subió un 3,0%). En julio, el mismo recibo fue de 78,39 euros (mes en que subió un 2,2%), en junio se situó en 76,71 euros (subió un 1,8%), en mayo en 75,34 euros (una subida del 7,7%), en abril en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9,0%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%).

Los análisis de FACUA ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017, los 81,18 euros de julio de 2015 y los 80,73 euros de agosto de 2018.

Reivindicaciones de FACUA

FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las Valoraciones y propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.

La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de FACUA. Bajarlo al al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.

La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

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