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El director general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila, participó esta mañana en la reunión del Comité Ejecutivo de Desarrollo Minero del Consejo Gallego de Economía y Competitividad para informar del anteproyecto de Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.
Tal y como explicó, el documento está en la fase de información pública para recibir aportaciones que permitan mejorar la futura norma con el objetivo de contar con una ley fruto del consenso y la participación.
Precisamente las iniciativas mineras son una de las tipologías de proyectos que esta ley recoge y para los que, junto con los que hacen un uso intensivo del agua y los relacionados con la producción de energía a partir de fuentes renovables, establece un análisis integral de sus efectos y medidas de compensación. Así, uno de los aspectos más novedosos es la incorporación de la valoración de los efectos sociales y económicos de los proyectos en la declaración de impacto ambiental.
En concreto, se hace referencia a la mejora de las condiciones de vida de las zonas ricas en recursos naturales, a la protección del medio ambiente, a la promoción de inversiones y mecanismos de reinvestimiento de los beneficios, a la creación de empleo, al impulso de la participación en los proyectos de inversores locales y administraciones, o a la reducción de los costes de la energía y de la dependencia energética de los consumidores.
El texto legal cuenta con un título preliminar y siete títulos en los que se regulan diferentes aspectos como el objeto de la norma y la definición de los beneficios sociales y económicos; el análisis integral a la que serán sometidos los proyectos; la constitución de una sociedad mixta que podrá ser titular de proyectos de aprovechamiento de recursos; la creación de un canon para grabar las líneas eléctricas que conectarán los parques de la energía eólica marina; el desarrollo de los proyectos de autoconsumo en las áreas empresariales; así como la creación de un fondo de la Xunta de Galicia para la recuperación de territorios afectados por incendios y que contará con aportaciones de empresas; el impulso de un sistema voluntario de créditos de carbono o la gestión de biorresiduos.
