La Guardia Civil inmoviliza en Vigo una partida de patatas por transgredir la normativa sobre Indicación Geográfica Protegida

Publicado por o día 04/12/2020 na sección de Galicia,Sucesos,Vigo

La Guardia Civil inmoviliza en Vigo una partida de patatas por transgredir la normativa sobre Indicación Geográfica Protegida

La Guardia Civil inmovilizó una partida de 1.500 kilos de patatas que se estaban vendiendo al por menor en un comercio de Vigo, contraviniendo la normativa de la Unión Europea que regula los productos agrícolas con Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La Indicación Geográfica protegida (IGP) es una denominación de calidad, regulada a escala de la Unión Europa, que identifica un producto alimentario que es originario de un lugar determinado, una región o un país, tiene una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente ser atribuida a su origen geográfico, y como mínimo una de sus fases de producción, transformación o elaboración se hace en la zona geográfica definida.

Las actuaciones llevadas a cabo por efectivos de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra se iniciaron a raíz de una comunicación recibida del Consejo Regulador de la IGP “Patata de Galicia/Pataca de Galicia” informando que se estaba anunciando ilegalmente la venta de patatas de Xinzo en esta provincia.

Las pesquisas de la Patrulla Fiscal concluyeron con la localización e inspección de una tienda en Vigo que tenía un cartel en el exterior del local anunciando la venta de estas patatas. En el transcurso de la inspección se procedió a la inmovilización y precinto de una partida de 1.500 kilos de patatas que aparentemente no cumplían con la normativa de Indicación Geográfica Protegida, pese a estar anunciada al público como procedentes de Xinzo (Ourense).

Las patatas quedaron depositadas en el mismo establecimiento a disposición de la Consellería de Medio Rural da la Xunta de Galicia. Por su parte, el responsable de la tienda fue objeto de varias denuncias administrativas, no solo por transgredir la normativa que regula la comercialización de productos agrícolas protegidos por la Indicación Geográfica Protegida, sino también por otras supuestas irregularidades relacionadas con el etiquetado, el no figurar de alta en el censo de obligados tributarios y no tener la preceptiva licencia municipal para desempeñar la actividad que estaba realizando.

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