La Ley del ciclo del agua prevé un programa de formación para que los ayuntamientos avancen hacia gestión profesionalizada del abastecimiento y la depuración

Vázquez Mourelle destaca que esta Ley transformadora marcará un punto de inflexión en el cuidado de las aguas, contribuyendo a la protección de la salud pública, del medio natural y de actividades como la pesca, el marisqueo o el turismo
Publicado por o día 11/03/2022 na sección de Galicia,Santiago,Sucesos,Xunta de Galicia

La Ley del ciclo del agua prevé un programa de formación para que los ayuntamientos avancen hacia gestión profesionalizada del abastecimiento y la depuración

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, presentó hoy el proyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, que prevé la creación de un programa de formación para que los ayuntamientos avancen hacia una gestión profesionalizada del abastecimiento, del saneamiento y de la depuración.

Vázquez Mourelle, junto con el secretario general técnico de la Consellería, Joaquín Macho, y el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, detalló el contenido de esta Ley aprobada ayer en el Consello da Xunta y remitida al Parlamento para su tramitación.

Destacó que este marco nuevo normativo consta de tres pilares: el conocimiento de la realidad, la planificación y la profesionalización. Así, subrayó que la Xunta creará y mantendrá actualizado un inventario de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de Galicia, poniendo a disposición de los municipios un sistema de intercambio de información.

Adelantó que Augas de Galicia también acercará a los ayuntamientos directrices para mejorar la gestión del agua, para la redacción de planes de control de vertido a las redes de colectores, para el saneamiento en pequeños núcleos, para la optimización de la gestión de las pluviales o para la mejora energética de las instalaciones.

Hizo hincapié en que se trata de una Ley transformadora, estructural y esencial que marcará un punto de inflexión en el cuidado de las aguas, contribuyendo a dar garantías para la salud pública, el medio natural y las actividades como la pesca, el marisqueo o el turismo.

Apoyo con los ayuntamientos

La responsable autonómica de Infraestructuras remarcó que la norma está dirigida a regular el apoyo a los ayuntamientos en la gestión del agua, pues la prestación del abastecimiento, el saneamiento y la depuración es una competencia municipal que lleva aparejadas complejidades técnicas y económicas.

Puso en valor la ayuda que el Gobierno gallego lleva trasladado a los ayuntamientos en los últimos 10 años, con la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas fruto de la elaboración de Planes de Saneamiento Locales, que estudian y planifican los sistemas.

Gracias a ese conocimiento previo, la conselleira indicó que hace falta asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras para evitar perder hasta el 40% del agua en fugas en las redes, en un contexto de cambio climático y de crisis energética.

Apuntó que no se puede permitir invertir millones de euros de dinero público en grandes infraestructuras, entregarlas a los ayuntamientos y que luego los estudios efectuados refieran que la mitad de las depuradoras municipales tienen un funcionamiento deficiente.

Remarcó que las infraestructuras hidráulicas deben funcionar de modo eficiente las 24 horas del días y los 365 días del año, ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos, para lo cual es estratégico un modelo de gestión profesional como lo que prevé la citada ley.

Adhesión voluntaria, gestión profesional

Explicó que la Ley actúa en una doble dirección, de una banda, estableciendo un marco claro para orientar una gestión eficiente del saneamiento, la depuración y el abastecimiento; y por otro lado, poniendo a la disposición de los ayuntamientos un sistema de adhesión voluntaria para la gestión de sus sistemas de forma profesionalizada.

El modelo consiste en que las entidades locales podrán encomendarle a la Xunta la gestión de los servicios del agua, tal como se viene haciendo ya en 28 depuradoras municipales, ofreciendo a los ayuntamientos beneficiarios un enorme apoyo técnico y económico.

La Ley establece que cuando un ayuntamiento solicite que Augas de Galicia asuma la gestión, por ejemplo, de su depuradora, se realizará una auditoría integral que analizará como llega el agua por las redes de saneamiento o identificará vertidos, infiltraciones o excesos de caudal, entre otros parámetros.

Cuando las auditorías evidencien la necesidad de ejecutar obras, la Xunta se compromete a financiar un tercio de su coste, debiendo el Ayuntamiento asumir otro tercio y pudiendo procurar el apoyo de otras administraciones para completar el presupuesto.

La conselleira precisó que la propuesta inicial era que ese otro tercio fuera asumido de forma fija por la diputación provincial correspondiente, ya que estas administraciones tienen el deber legal de prestar apoyo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

No obstante, lamentó que diputaciones como Pontevedra evidenciaron que no existe voluntad de colaborar, a pesar de que es un deber legal y de que otras diputaciones como la de Ourense llevan años apoyando a los ayuntamientos en materia de aguas.

Por eso la Xunta apostó finalmente por una fórmula más flexible para la financiación de ese tercio restante de la financiación, abriendo la colaboración la otras administraciones y entidades.

Servicios transparentes e igualitarios

Puntualizó que cuando Augas de Galicia asuma la gestión de un servicio municipal del ciclo del agua, aplicará unas tarifas transparentes e iguales en todos los ayuntamientos, garantizando precios igualitarios en los servicios, con independencia de factores como la dispersión o la orografía que encarecen su prestación en muchos lugares.

Recordó que en esos casos no se aplicarán nuevas tarifas, sino que se reordenarán las existentes, de tal forma que si la Xunta pasa a gestionar la depuradora que antes gestionaba el ayuntamiento, el canon de depuración deja de cobrarlo la Administración local, ya que no se podrá cobrar dos veces por el mismo concepto.

Reiteró que se trata de un modelo optativo a lo que los ayuntamientos se adhieren de forma totalmente voluntaria y con un conocimiento previo de las tarifas y de los compromisos que deben asumir para obtener garantías de una gestión profesionalizada y eficiente de los servicios del agua.

La gestión agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala permitirá ahorros de hasta el 10%.

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