La ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua que está impulsando la Xunta permitirá ahorros de alrededor del 10% en la prestación de los servicios con la gestión agrupada de las infraestructuras hidráulicas y con la aplicación de economías de escala.
El sistema agrupado de gestión de las infraestructuras de abastecimiento o depuración que posibilita la noticia normativa de la Xunta redundará en una mayor eficiencia, coordinación y equidad en su mantenimiento y conservación, al permitir agrupar la gestión de instalaciones hidráulicas en función de su cercanía y aprovechar la economía de escala.
Esa mayor eficacia en la gestión vendrá dada por la sinergia que se consigue con la disponibilidad de materiales y de repuestos, equipos auxiliares o personal de las instalaciones hidráulicas que se gestionen de manera integrada.
El modelo implica también menores costes, derivados de la optimización de materiales, equipos y personal y de la reducción de los precios de compra de los materiales suministrados. Así, por ejemplo, comprar mayor cantidad de equipos o de reactivos para las depuradoras, o realizar esa compra por lotes, permite conseguir mejores precios, al igual que se logran ahorros de los costes derivados del consumo eléctrico o de la gestión de residuos.
El hecho y gestionar de forma conjunta varias instalaciones de depuración o de abastecimiento también hace más viable y asumible a contratación de técnicos especialistas, logrando una gestión más profesionalizada de las infraestructuras hidráulicas. Esto permite mejores resultados en el funcionamiento, mantenimiento y conservación de los sistemas de abastecimiento y depuración y, al fin, también mayores ahorros.
Por ejemplo, en depuradoras de pequeño tamaño y poco complejas, un técnico especializado podrá ocuparse de las tareas de gestión diaria de varias plantas de depuración de aguas residuales.
Hace falta tener en cuenta que la necesidad de personal es uno de los aspectos clave y primordial en la gestión de las infraestructuras hidráulicas, ya que este tipo de instalaciones precisan de una atención continuada las 24 horas del día. La gestión agrupada de instalaciones próximas posibilitaría, por lo tanto, una mayor vigilancia y control, además de una gestión óptima y profesional.
Analizando casos reales se constata que la gestión agrupada permite optimizar los costes de mantenimiento y explotación, conseguir mayores niveles de eficiencia y aprovechar la aplicación de economía de escala para reducir gastos.
Ejemplo de esto es la gestión conjunta que, desde julio de 2015, viene haciendo la Xunta de las depuradoras de la Illa de Arousa, Meaño y Ribadumia. Si se comparan los costes reales que suponía explotar cada una de estas instalaciones de manera individual con los costes que implica su gestión conjunta, se constata un ahorro de un 10,5% en costes @fixo y de un 7% en costes variables: una reducción de costes de 120.000 euros al año frente a la gestión individualizada.
La explotación conjunta de infraestructuras hidráulicas de tamaño medio y pequeño, en las que los costes de funcionamiento, mantenimiento y conservación tienen un mayor peso, *permtirá conseguir ahorros en la prestación de los servicios del agua estimados en alrededor del 10%.
Hace falta recordar que la mitad de las depuradoras gestionadas por los ayuntamientos tienen deficiencias en su funcionamiento, lo que perjudica la calidad de vida de los vecinos, la calidad de las aguas y actividades económicas como la pesca, la acuicultura, el marisqueo o el turismo.
La Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua que impulsa el Gobierno gallego pretende dar respuesta a las solicitudes de apoyo que los ayuntamientos le trasladan de forma continua, ante las dificultáis, contrastadas, para ejercer de forma idónea sus responsabilidades de saneamiento, depuración y abastecimiento y garantizar la prestación de un bueno servicio del agua a sus vecinos.
Augas de Galicia gestiona actualmente 28 depuradoras municipales. La nueva ley permitirá regular, ampliar y extender el apoyo que la Xunta viene prestando a los ayuntamientos gallegos en sus competencias. Todos aquellos municipios que lo soliciten, de manera totalmente opcional y voluntario, podrán acogerse la un modelo de colaboración para la prestación de los servicios del agua con garantías de eficacia.