La Plataforma de Afectados por Abusos Bancarios de Vigo alerta sobre el incumplimiento del Decreto Antidesahucios

Publicado por o día 23/02/2015 na sección de Plat. Afect. Cláusula Suelo y abusos bancarios,Social

La Plataforma de Afectados por Abusos Bancarios de Vigo alerta sobre el incumplimiento del Decreto Antidesahucios

Mientras durante su primer año de vigencia, esta legislación facilitó unas 300 daciones en pago, en los semestres sucesivos se congeló su efectividad real.

Habiendo pasado tiempo suficiente para haber hecho un balance informado sobre la repercusión real del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, a fecha actual podemos decir lo siguiente:

“En primer lugar que desde luego se trata de una medida del todo insuficiente, con unos parámetros encorsetados en una feroz restricción que han dejado fuera a familias con una necesidad imperiosa de soluciones inmediatas. Por lo tanto la consideramos ya en su día maquillaje electoral. Pero aun ciñéndonos solo a sus condiciones concretas, durante el primer año se vio que las mediaciones bancarias con las entidades adscritas al código de buenas prácticas ampliaban su intención negociadora (levemente); conseguir una dación en pago continuaba siendo una ardua tarea e incluso en casos de libro, reflejados directamente en el decreto, era una batalla de muchos meses.

Queremos denunciar que durante 2014 la situación ha empeorado considerablemente. Las negociaciones que el año anterior tomaban unos cuatro meses ahora se están postergando al mínimo de siete, con plazos muy variables según entidad, siendo la más reacia a llevar daciones encuadradas en la Ley a la práctica, el Banco Popular, sin duda el sujeto de negociación más duro.

Igualmente, en el resto de entidades, encontramos que se incumplen los plazos legales de respuesta cuando se empieza la negociación sobre una reestructuración hipotecaria y negociar una dación requiere por lo menos siete visitas presenciales y una batería de documentación que se va pidiendo a cuentagotas, además de dársele un tratamiento de “favor” o “caridad”. Tenemos casos que llevan ocho meses preaprobados en espera: mientras tanto las familias siguen sin conocer su pronóstico acumulando intereses y retrasos, lo cual está pasando secuela psicológica a una gran parte de la ciudadanía.

Asimismo las ejecuciones hipotecarias están viendo acortados sus plazos: mientras el primer año de vigencia del decreto en casi todas las entidades se daba un margen virtual de seis cuotas de impago para comenzar con el proceso, nos estamos encontrando ejecuciones constantes con tres meses (aunque se hayan pagado parcialmente y justificando el retraso) de deuda y muy poco margen de maniobra para que el afectado pueda reaccionar.

Queremos recordar que quien se vea en esta situación, incluso antes de incumplir su primer pago hipotecario debe asesorarse rápidamente para pedir que un experto colabore en su mediación y le explique las opciones existentes, ya que con los plazos tan cerrados la situación se torna en desesperada en muy pocos meses. Recomendamos acudir a cualquier plataforma especializada; a asociaciones como ADICAE o a la oficina de intermediación hipotecaria de la FAVEC, para buscar soluciones cuanto antes.

Queremos recordar que la ley hipotecaria española ha sido reconocida injusta por el derecho europeo y que uno puede encontrarse con un retraso de un par de meses y una ejecución repentina que encabeza un proceso en el cual se van a exigir unos altísimos intereses aplicados al total de la deuda, además de los gastos procesales que encarecen todavía más, y mucha gente se está encontrando con que ha perdido la casa y tiene todavía una deuda millonaria.

Mientras en 2013 hubo manera de negociar condonaciones llegados a este caso, o al menos condonaciones parciales, el año pasado nos hemos encontrado con que automáticamente se ofrecían préstamos personales para cubrir estas deudas, a un interés casi usurero.

Pedimos reflexión a las entidades bancarias que están renunciando a cumplir este código al que se han adscrito y a los afectados que se asesoren pronto y de manera eficiente, y muy sobre todo que se rompa con la impresión social de que estos casos son aislados y le ocurren a gente que ha gestionado mal sus ingresos. Ninguno estamos libres de caer en estas situaciones y es responsabilidad del gobierno, que nos ha impuesto un rescate bancario legislar acorde a las circunstancias y proteger la vivienda del ciudadano, así como los afectados han de conocer sus derechos y pelear contra la criminalización social y mediática del endeudamiento familiar.

PRENSA PLATAFORMA ABUSOS BANCARIOS