La Xunta de Galicia alega que la Ley estatal de vivienda es inconstitucional por invadir las competencias autonómicas en la materia, ya que tanto la Constitución española (artículo 148.1.3) como el Estatuto de autonomía (artículo 27) reconocen la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda en el caso de la Comunidad gallega.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, participó esta mañana en la reunión del Observatorio de la Vivienda de Galicia, que se involucró activamente en el contenido los alegatos presentados por el Gobierno gallega la esta norma.
En las mismas se señala que el Gobierno central “busca asumir competencias de las que carece, al querer regular la vivienda protegida, la gestión del parque público de vivienda de titularidad autonómica y alterar los períodos de protección que afectarán a todo el parque público, condiciones que se adoptan de manera unilateral”, lamentó la conselleira.
Hace falta recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce el deber del Estado de respetar la competencia autonómica, pero las disposiciones del anteproyecto “conculcan claramente esta distribución”, todo esto “sin mencionar el impacto económico que implican las medidas para las comunidades y que no van acompañadas de los fondos necesarios”.
Adelantó que según el borrador de la norma, se obliga a destinar la vivienda en alquiler el 50% del suelo que figure en el plan general como de reserva para viviendas protegidas. Esta medida hará inviable a promoción de los inmuebles, pues se paralizará su construcción en suelos residenciales. Al mismo tiempo, extiende la cualificación de permanente para las viviendas protegidas promovidas por promotores privados en estos suelos residencias, que nunca adquirirán la condición de vivienda libre lo que dificulta su viabilidad. Según la conselleira esta es “otra muestra de la invasión de competencias”, pues el Estado “puede establecer el porcentaje de reserva, pero no el régimen de adjudicación”, aclaró.
Zonas tensionadas
Otra de los alegatos hace referencia al establecimiento de zonas tensionadas y la limitación de rentas de alquiler. Trasladó que la Xunta apuesta por medidas positivas, frente a las restrictivas que desincentivan la inclusión de viviendas en alquiler en el mercado.
Destacó que esta no es una visión individual de la Xunta, sino que hay estudios -como lo del Banco de España- y la experiencia en otros países – como Francia o Alemania- donde las medidas de intervención no están dando los resultados esperados, es decir, que limitar el alquiler no tuvo éxito; sino todo el contrario: se redujo el número de pisos en alquiler y, por el contrario, la renta media se encareció. En ese sentido, apostó por aplicar medidas incentivadoras, en vez de penalizadoras; criterio que también es válido para el recargo del IBI para las viviendas vacías.
Por último, la conselleira reiteró la necesidad de reformar el Código penal para disuadir las ocupaciones y devolver las viviendas a los propietarios; por lo que rechazó que se admita la ocupación ilegal de viviendas como una forma de acceso, tal y como acontece con la modificación de la Ley de enjuizamiento civil que recoge el anteproyecto.
Estas son -a grandes rasgos- “las siete razones por las que queremos que el Gobierno reflexione” y adapte “la norma a las necesidades reales” de la sociedad gallega, destacó y adelantó que la futura Ley de vivienda estatal dificultará la viabilidad del mercado y provocará la inmovilización de la construcción, venta y alquiler.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda también aprovechó la reunión para abordar los objetivos prioritarios para el 2022, “un año crucial para las políticas de vivienda”, en el que se debe “sacar el mayor rendimiento al mayor presupuesto de la última década” y aprovechar los fondos europeos, en materia de rehabilitación y eficiencia energética.