La Xunta amplía la colaboración con el Consello da Avogacía Galega (CAG) para la prestación de un servicio de asesoramiento, intermediación y orientación jurídica en materia de vivienda.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firmó hoy con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Augusto Pérez-Cepeda un nuevo convenio de colaboración. En el acto administrativo de formalización de este acuerdo participaron también el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, el decano del Colegio de la Abogacía de Santiago, Francisco Rabuñal, y el secretario técnico del Consello da Avogacía. Sergio Aramburu.
Tal y como recoge el convenio suscrito, la Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, da continuidad a la relación que la Xunta mantiene desde el año 2020 con el Ayuntamiento de la Avogacía Galega, ampliando la misma, con la implantación de un nuevo servicio de intermediación en los casos de desahucio, entre personas en situación económica vulnerable que están en riesgo de perder su vivienda habitual, cuando es propiedad de grandes tenedores.
La Xunta tiene en marcha varios programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores necesidades, todos ellos recogidos en el Pacto de vivienda de Galicia 2021-2025, firmado por los representantes de las entidades integrantes del pleno del Observatorio da Vivenda de Galicia. En este pacto se recogen las líneas de actuación pública en la materia, que constituyen un instrumento de planificación de las políticas públicas en este ámbito en la comunidad autónoma.
Entre las diferentes soluciones habitacionales figuran: la promoción y adjudicación de vivienda de promoción pública; el impulso a la vivienda protegida; las ayudas a la adquisición de viviendas; así como los programas de avales para la juventud, de movilización de viviendas vacías y el bono de alquiler social, dirigido a los colectivos más vulnerables, que cobre el 100 % de la renta.
Con este convenio, la Xunta quiere, además, ofrecerles a los ciudadanos un asesoramiento y orientación jurídico en materia de vivienda, que no estén comprendidos en las actuaciones propias del servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
Así, se ponen a la disposición de los ciudadanos una serie de servicios personalizados que permitan a la ciudadanía conocer los programas existentes para evitar perder su vivienda, o hacer frente a eventuales situaciones de ocupación ilegal de sus inmuebles.
De este modo, bajo el acuerdo firmado hoy se desarrollará la atención a las consultas de las personas en situación de desamparo en riesgo de pérdida de su vivienda habitual o, en su caso, orientación para acogerse a los programas existentes en materia de acceso a la vivienda, así como a las de personas propietarias afectadas por una intrusión no consentida en sus viviendas.
A estos servicios se añade ahora, como novedad, el servicio de intermediación en materia de desahucio, entre personas vulnerables económicamente en riesgo de perder su vivienda habitual, propiedad de grandes tenedores, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2023, de 24 de mayo , por el derecho a la vivienda.
A este respeto, la Ley introduce el deber de la acreditación de la tramitación de un procedimiento de conciliación o intermediación, como requisito previo para la admisión de las demandas en la que se pretenda la recuperación de la posesión de una finca, en los supuestos en los que la parte demandante sea gran tenedor de viviendas, el inmueble objeto de demanda constituya la vivienda habitual de la persona ocupante y esta se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.
También en el marco de este convenio, se realizará un informe, que será remitido trimestralmente a la Xunta, con las consultas atendidas desde el Consello da Avogacía Galega, tanto en materia de pérdida de vivienda como de ocupación ilegal, con especificación, en este último caso, de la localidad, calle y número de viviendas ocupadas.
El Gobierno gallego financiará el servicio de intermediación, haciéndose cargo del importe que le correspondería pagar a la persona ocupante de la vivienda en situación de vulnerabilidad económica. El procedimiento se desarrollará en una sesión inicial informativa y una o más sesiones subsiguientes hasta la consecución del acuerdo o hasta que la posibilidad del acuerdo quedase descartada.
El marco del convenio
En concreto, bajo este convenio, el Consello da Avogacía Galega asume el deber de orientación en todos aquellos aspectos referidos a trámites de carácter administrativo y judicial en el ámbito relacionado con los derechos y deberes de las personas en riesgo de perder su vivienda a consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, por el impago de la renta de alquiler o por cualquier otra circunstancia imprevista o sobrevenida, siempre que esta vivienda constituya su domicilio habitual y permanente.
Prestará asesoramiento sobre la existencia del Programa de atención a las personas en riesgo de desahucio, para los efectos de la puesta en marcha del protocolo de actuación existente entre dicho programa y el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
A través de sus servicios orientará a las personas físicas propietarias o usufrutuarias que se vean afectadas por intrusión no consentida en viviendas, para que sepan como actuar en estas situaciones.
También se prestará el nuevo servicio de intermediación en materia de desahucio, de acuerdo con la Ley por el derecho a la vivienda, entre personas en riesgo de perder su vivienda y grandes tenedores a través de su Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe y los colegios de la abogacía de Galicia, a través de sus respectivos servicios de mediación.
La coordinación y organización de este asesoramiento será a cargo del Consello da Avogacía y se realizará por medio de los profesionales de los colegios de la abogacía de Galicia.
Los servicios de asesoramiento se atenderán a través de un sistema de consultas en línea y de un número 900.
El convenio firmado hoy por la titular de la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas supondrá una inversión de la Xunta de 54.600 euros y tendrá vigencia desde el día siguiente de su firma y hasta finales de este año.