El director general de Justicia, José Tronchoni participó hoy en Palma de Mallorca en la conferencia sectorial entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Entre los asuntos abordados se incluye el borrador del nuevo acuerdo de distribución de los fondos europeos en el marco de la estrategia estatal consensuada entre el Ministerio de Justicia y las comunidades del Plan Justicia 2030. Así, la Xunta cuenta con que todos los fondos estén licitados a finales de este año y tener el presupuesto asignado ejecutado en 2025.
Tal y como trasladó el director general de Justicia, la Xunta también está cumpliendo con la implantación de la nueva aplicación informática DICIREG que permite tramitar los expedientes de forma electrónica avanzando de este modo hacia el registro civil digital en cumplimiento de la Ley 20/2011 de Registro Civil. A través de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) se está prestando la formación necesaria de este complejo sistema, lo que hizo posible que esté implantado ya este mes en los dos registros civiles exclusivos de A Coruña y Vigo con la adaptación de la documentación a formato digital. Para culminar este cambio de sistema en el registro de A Coruña se reforzó el personal en este mes con dos funcionarios.
Otro de los temas abordados tiene que ver con el diseño de sedes judiciales sostenibles, un aspecto que el Gobierno gallego tiene muy en cuenta en las recientes infraestructuras judiciales al apostar siempre que es posible por la rehabilitación de antiguos edificios como es el caso del antiguo hospital general en la Ciudad de la Justicia de Vigo. En esta línea, el director general de Justicia incidió en el compromiso de la Administración autonómica con la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad en las sedes judiciales previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales.
Con las comunidades donde aún no entraron en funcionamiento las nuevas unidades judiciales previstas para este año también se trató este tema. No es el caso de Galicia que, como cada año, el 31 de diciembre, cumple con la puesta en marcha de los nuevos juzgados asignados por el Gobierno central, como ocurrió este año con los de Primera Instancia número 15 de A Coruña, el 16 de Vigo y el 6 de Lugo.
Por otra parte, Galicia votó a favor de la necesidad de firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para que ponga a la disposición de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia las aplicaciones y soluciones tecnológicas.
Hace falta recordar, que en la jornada de ayer el director general de Justicia, José Tronchoni, detalló las medidas de digitalización en el ámbito de la administración de justicia al amparo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation. En concreto, las medidas del conocido Proyecto Cero financiado con fondos Next Generation para inversiones en mejoras de la infraestructura tecnológica y en proyectos de ciberseguridad. Se trata de medidas alineadas con el Plan Senda 2025 de la Xunta relacionadas con la instalación de 1.724 puestos de trabajo deslocalizados y sus correspondientes sistemas de escritorios virtuales, soluciones adicionales de ciberseguridad y la renovación de las salas de vistas en los juzgados gallegos para que funcionen de manera íntegramente digital.