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La Xunta comenzará en marzo la puesta en funcionamiento de los cajeros y de los servicios de asistencia financiera y formación en el rural. Estos servicios se irán implantando semana a semana en cada uno de los 38 ayuntamientos que lo solicitaron para acercar una solución a más de 51.000 gallegas y gallegos.
Así lo anunció hoy en el Parlamento el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, que subrayó que esta iniciativa no se limita a la instalación de cajeros, sino que busca una presencialidad física en los ayuntamientos a través de los servicios de asistencia y formación, que deben desarrollarse de manera presencial y con personal de la propia entidad financiera.
Durante su intervención el conselleiro recordó que la Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) firmaron un protocolo de colaboración para facilitar el acceso a los servicios financieros en los ayuntamientos del medio rural.
Según expuso, esta actuación tiene un triple objetivo: la instalación de cajeros automáticos en las dependencias municipales; la prestación de un servicio de asistencia financiera que permita, de forma semejante a una oficina bancaria, solucionar de manera presencial dudas y contratar servicios financieros; y una oferta de formación financiera y banca electrónica para adquirir nociones básicas y aprender a utilizar los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías.
Miguel Corgos señaló que esta alternativa resulta atractiva para los ayuntamientos puesto que no tienen que hacer ninguna aportación económica y tan sólo deben ceder y acondicionar los espacios necesarios para la instalación de los cajeros y la prestación de los servicios de asesoramiento y formación a los ciudadanos. Es la Xunta la que corre íntegramente con la financiación de estas medidas.
Un problema global de España
El conselleiro de Hacienda y Administración pública explicó también que las dificultades de los ciudadanos para acceder a los servicios financieros en medio rural y en las zonas despobladas es un problema global de España, y no exclusivo de Galicia.
En este sentido, subrayó que la Xunta fue la primera en abordar esta cuestión y que tomó la iniciativa desde dos ámbitos: por un lado buscando soluciones y alternativas, y por otro instando al Gobierno central a mudar la normativa actual para garantizar la prestación presencial de los servicios financieros.
En todo caso, señaló que existe consenso en que este problema común a todos los territorios requiere de un tratamiento y de una solución coordinada por parte de las diferentes administraciones públicas, y que las acciones comunes a desarrollar tienen que ser impulsadas por el gobierno del Estado.
