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El bono de alquiler social podrá solicitarse a partir de mañana en Galicia después de que hoy mismo haya salido publicada en el DOG la resolución por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas y si procede a su convocatoria.
De este modo, la Xunta seguirá asumiendo el 100% del importe del arrendamiento de las personas beneficiarias, colectivos vulnerables y personas con escasos recursos económicos y que, por lo tanto, pueden tener dificultades para mantener su vivienda habitual.
La principal novedad recogida en la resolución es que, por primera vez, se prevé la posibilidad de incrementar en un 20% la cuantía máxima de la renta de alquiler y por lo tanto, del bono, cuando la unidad de convivencia del solicitante esté compuesta por 5 o más personas. También se aplicará esta mismo porcentaje si uno de los miembros de la unidad familiar precisa de una vivienda adaptada.
En la práctica, esto se traducirá en que la cuantía máxima del Bono de alquiler social se incrementará hasta los 660 euros al mes frente a los 540 euros fijados como cuantía límite de las ayudas en la convocatoria anterior.
El Bono de alquiler social se concederá por un período de 12 meses consecutivos, aunque podrán pedirse hasta 4 prórrogas. De este modo, los beneficiarios tendrán derecho a percibir esta ayuda al alquiler durante un total de 5 años, como máximo.
Casi 15 M€ en 5 años
Con un presupuesto inicial de 11,2 millones de euros para todo el período, la convocatoria del Bono de alquiler social se hace de forma continuada y permanente hasta 2026 o hasta el agotamiento del crédito disponible. Asimismo, se destinarán 3,7 millones de euros a las prórrogas de concesiones anteriores para garantizar y atender a estos beneficiarios en iguales condiciones que fija el nuevo programa.
De este modo, la Xunta movilizará a través del Bono de alquiler social casi 15 millones de euros para atender las necesidades residenciales de familias gallegas vulnerables durante los próximos 5 años.
El objetivo de este programa —impulsado en 2015 y que hasta ahora permitió ayudar a unas 2.000 familias con recursos limitados— es facilitar un hogar en alquiler a determinados colectivos desfavorecidos, como afectados por una demanda de desahucio o un procedimiento de ejecución hipotecaria, víctimas de violencia de género y mujeres que sufren trata con fines de explotación sexual, personas privadas de su hogar por causas sobrevenidas o que se encuentren en situación de emergencia social, y jóvenes tutelados por la Xunta una vez consigan la mayoría de edad, entre otros.
Para poder acceder a estos incentivos, los solicitantes deberán acreditar que los ingresos de la unidad de convivencia son inferiores a 1,5 veces el Iprem ponderado —12.159.42 euros—. Esta cuantía irá incrementándose en función del número de miembros de la familia y de otras circunstancias particulares, hasta conseguir, como máximo, los 20.265,7 euros anuales.
Con el fin de paliar este tipo de situaciones y ayudar a colectivos vulnerables a conservar su hogar, los beneficiarios del bono tendrán derecho a recibir una prestación equivalente a la totalidad de la renta que figure en su contrato, siempre que esta no supere el límite fijado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo para cada zona geográfica.
De este modo, en las 7 grandes ciudades el importe a pagar será de, como máximo, 550 euros al mes; en los ayuntamientos de tamaño medio y localizados en entornos urbanos, estará fijado en 500 euros; y en el resto de municipios, el límite será de 425 euros.
En todo caso, como ya se indicó, estas cuantías se incrementarán en un 20% cuando la unidad de convivencia del beneficiario necesite disponer de una vivienda adaptada o esté integrada por 5 o más miembros. En estos supuestos, por lo tanto, el importe de la ayuda podrá llegar hasta los 660, 600 o 510 euros respectivamente y según la zona.
Además, los perceptores de esta prestación podrán recibir una ayuda complementaria de hasta 600 euros destinada a pagar los gastos asociados a la constitución de un nuevo contrato de alquiler —fianza, alta de suministros, etc.— o bien en el caso de permanecer en la vivienda objeto de desahucio, a atender las cantidades pendientes que motivaron el inicio del procedimiento.
