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La Xunta de Galicia denuncia que la tramitación del nuevo reglamento general de costas del Estado iniciada por el Gobierno central exhibe los mismos defectos que el anulado recientemente por el Tribunal Supremo. De hecho, la consulta pública previa sobre esta norma -abierta desde el pasado 1 de marzo hasta hoy- parece más formal que real al exponer generalidades que son incompatibles con la función de esta fase del proceso legislativo en la que las distintas entidades, organizaciones y personas a las que le afecta la normativa pueden hacer sus aportaciones, precisiones y sugerencias sobre las cuestiones que deben incluirse en ella.
La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar en funciones, Alfonso Villares, expusieron en rueda de prensa las alegaciones que va a enviar hoy Galicia al Ejecutivo central -a las que se adhirieron cerca de una treintena de ayuntamientos y las principales entidades del complejo mar-industria- y subrayaron que el Ejecutivo gallego defenderá los intereses de la comunidad hasta el final, como hizo con el anterior reglamento, que estaba recurrido en los tribunales por la Xunta en el momento en que fue anulado por la Justicia.
La Administración autonómica entiende que el Gobierno central simplemente quiere cumplir con el procedimiento de consulta que se saltó en la anterior tramitación -que le supuso la anulación- y volver a aprobar el mismo texto o incluso un más restrictivo que el anterior pues apenas aporta información sobre lo que quiere hacer con el litoral y con las actividades que se desarrollan en él. Por eso, la Xunta ve defectos como que debería ponerse a disposición de las administraciones y de la ciudadanía información más precisa y clara sobre las pretensiones del nuevo reglamento al tiempo que un plazo más amplio de consulta.
“Estamos ante una tramitación en la que parece que no va a haber modificaciones sustanciales del texto y en la que partimos de nuevo de premisas totalmente erradas: que la costa está masificada o la equiparación de Galicia con el Mediterráneo”, lamentó la vicepresidenta segunda en funciones. En esta línea, incidió en que la consulta pública previa obvia totalmente los antecedentes e incumple el deber legal de poner a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para emitir una opinión fundamentada.
Sin documentación
La ley establece, destacó, que en este trámite debe facilitarse documentación sobre los problemas a solucionar con la nueva normativa, la necesidad y oportunidad del texto, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas. “Pero no se dice nada de esto ni se especifican los problemas concretos que se quieren solucionar si no que se hace una referencia genérica a la extraordinaria presión humana de la franja costera y a la subida del nivel del mar, una variable de cambio climático que ya aparece en varios artículos de la vigente ley de costas estatal. Todo un sin sentido”, aseveró Ángeles Vázquez.
Por eso, la responsable autonómica defendió que una regulación de este calado debe incluir necesariamente tanto un enfoque local como ecosistémico e integrado, que era la base de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Esa visión integrada, añadió, es fundamental para armonizar la gestión de los recursos naturales con el desarrollo económico y social, una cuestión vital para muchas zonas costeras gallegas.
Precisamente, en relación con las instalaciones asentadas en el litoral, el texto de la consulta pública previa únicamente hace referencia a la necesidad de regular los criterios sobre las concesiones y prórrogas, a limitar su duración y a acudir a concurso para acceder a ellas. Nuevamente, lo hace sin aportar detalles, por lo que podría mantener o incluso endurecer el texto del reglamento anulado -que acortaba la duración de las concesiones pasando por norma general de 50 años a 30 a pesar de que la ley permite hasta 75 años- y no justifica la intención de fijar una concurrencia competitiva para obtener esas concesiones.
La vicepresidenta segunda en funciones también mostró su preocupación con la intención de ampliar la extensión de la titularidad del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con la única finalidad de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa. De hecho, recordó que el anterior texto decía que se podría ampliar el DPMT hasta aquel punto al que llegara una onda en un día de temporal. “Un auténtico exceso que iría en perjuicio de la propiedad privada y de las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos”, concluyó Ángeles Vázquez.
El conselleiro do Mar en funciones, por su parte, destacó que resulta fundamental aportar seguridad jurídica al sector marítimo-pesquero, una de las prioridades de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Una norma que, fuera de toda lógica, recurrió el Estado ante el Tribunal Constitucional y que, elaborada a partir del consenso con la cadena mar-industria, buscaba asegurar y dar estabilidad a las más de 4.000 edificaciones localizadas en zona marítimo-terrestre, entre las que se encuentran más de un centenar de empresas y cerca de 60 lonjas.
Cadena mar-industria
Alfonso Villares reiteró que el conjunto de actividades del mar -que van desde la extracción de los recursos pesqueros y acuícolas hasta su transformación y distribución- generan alrededor de 9.000 millones de euros de volumen de negocio anual, rondan los 2.800 millones de euros en exportaciones y son el medio de vida de más de 40.000 personas. Constituyen, por tanto, una actividad esencial y estratégica para Galicia por la que la Xunta va a llegar hasta el final en la defensa de sus intereses.
En esta línea, denunció los continuos ataques del Ministerio para la Transición Ecológica contra el conjunto de las actividades marítimo-pesqueras, sin evaluar el impacto social y económico de esas decisiones y sin que se produzca mediación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar de frenarlas.
El titular de Mar apeló a la necesidad de establecer vías de diálogo específicas con las comunidades autónomas y el sector pesquero ante este tipo de actuaciones, y no sólo en relación con el reglamento general de costas sino también en otras cuestiones como una revisión justa y realista de los Planes de Ordenación de los Espacios Marítimos (POEM) para asegurar la compatibilidad del desarrollo de la eólica marina con la pesca. Además, pidió la creación de un grupo de trabajo en el que estén presentes el sector pesquero y las autonomías para definir la ampliación de los espacios marinos protegidos promovida por la UE y blindar actividades preexistentes como la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
