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El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Gobierno autonómico va a destinar este año más de 2,2 millones de euros a ayudar a los ayuntamientos a rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler social. El objetivo, según resaltó, es seguir incrementando el parque residencial a disposición de los colectivos más vulnerables “con alquileres a precios accesibles”.
Estos fondos se canalizarán a través de una orden de ayudas que publicará en el mes de marzo la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tras recibir esta mañana el visto bueno del Consello da Xunta.
La convocatoria incluye dos programas diferenciados aunque con el objetivo común de apoyar a las entidades locales gallegas en la ejecución de obras de rehabilitación con fines residenciales para atender las necesidades de su población y, en especial, para facilitar el acceso a un hogar de familias y personas con escasos recursos económicos.
Concretamente, tal y como explicó Rueda, la convocatoria de 2024 reserva 1,85 millones de euros a las ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes “para rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal que ya no están en uso, como pueden ser las antiguas casas de los maestros, y destinarlas a alquiler social”.
La Xunta podrá llegar a subvencionar hasta el 95 % del coste de la actuación con incentivos de 50.000 euros con carácter general o de 55.000 euros si la edificación está en un conjunto histórico o en alguno de los Caminos de Santiago, cuantías que se incrementarán hasta los 52.000 y los 57.000 euros, respectivamente, si el inmueble pertenece al ámbito de alguna de las siete Áreas de regeneración urbana de interés autonómico (Rexurbe) declaradas actualmente en Galicia.
Además, los adjudicatarios de las viviendas resultantes deberán ser personas o familias que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), es decir, 21.000 euros al año.
En cuanto a la otra línea de ayudas, el programa de infravivienda, va dirigida a municipios de menos de 10.000 habitantes y, por lo tanto, eminentemente rurales. Con un presupuesto asignado de 370.000 euros, la Xunta cubrirá también hasta el 95 % de las obras —con un límite de 15.000 euros— destinadas a rehabilitar elementos exteriores, mejorar las condiciones estructurales, la seguridad o la accesibilidad de los inmuebles o garantizar la habitabilidad.
El presidente explicó que los ayuntamientos pueden acogerse a estos incentivos para recuperar viviendas “en mal estado” que formen parte de su patrimonio con el fin de alquilarlas a familias con pocos recursos —ingresos ponderados que no superen 1 vez el Iprem— o también “para ayudar con carácter de urgencia” a vecinos que residan en una infravivienda y carezcan de medios propios con los que financiar las obras necesarias para garantizar la habitabilidad de su domicilio.
En este último caso, las entidades locales beneficiarias deberán acreditar que alguno de los residentes es propietario de esta, que ni él ni ninguno de los otros habitantes poseen otra vivienda en propiedad, y que los ingresos —ponderados en función del número de miembros que integre la unidad de convivencia— no superan los 8.400 euros anuales.
Entre ambas líneas y toda vez que el presupuesto total reservado para la convocatoria de este año asciende a 2,22 millones de euros, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) estima que podrá ayudar a rehabilitar más de 60 viviendas destinadas a alquiler a precios accesibles en el conjunto de la Comunidad.
352 viviendas recuperadas desde 2016
Hace falta recordar que el Gobierno gallego convoca subvenciones para restaurar infraviviendas en el rural y para la rehabilitación de edificios de titularidad municipal destinados a alquiler social desde los años 2016 y 2017, respectivamente.
En este período, el IGVS destinó cerca de 10 millones de euros a apoyar la más de un ciento de ayuntamientos gallegos en la recuperación de 352 viviendas, de las que 200 fueron fruto de la rehabilitación de inmuebles municipales que estaban en desuso o abandonados, como las viviendas de maestros; y los 152 restantes eran viviendas localizadas en entornos rurales —habitados o no— cuyo estado de conservación hacía necesaria una intervención, parcial o total, que garantizar su habitabilidad.
Además, hace falta recordar que los ayuntamientos que reciben ayudas para rehabilitar viviendas de su propiedad y destinarlas después a alquiler social tienen la posibilidad de beneficiarse también del Fondo de Cooperación del IGVS, que ofrece préstamos sin intereses a devolver en 8 años a municipios de menos de 50.000 habitantes. Estos préstamos pueden destinarse a la adquisición de nuevos inmuebles para rehabilitar o a financiar la parte de la recuperación integral de edificios de su propiedad que no cobre la otra subvención.
