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La Xunta de Galicia emplaza al Gobierno central a clarificar y definir un único criterio con relación a los cambios de usos de las construcciones tradicionales en la franja costera ya que, por una parte, trata de impedir normativamente esta posibilidad a través de la modificación del Reglamento general de costas que está tramitando y, por otra, autoriza y mismo promueve la implantación de usos hoteleros en espacios portuarios como los faros.
Así lo expuso la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, quien intervino esta semana representando a Galicia en las jornadas organizadas por el Gobierno balear Autonomía, costas y litoral, un encuentro durante el que técnicos y responsables de las áreas de urbanismo de varias comunidades reflexionaron sobre el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de costas y la necesidad de abordar cambios sustanciales en la normativa básica estatal vigente de cara a solucionar los problemas que, en la práctica, derivan de su aplicación.
En este sentido y a modo de ejemplo consideró “incomprensible la diferenciación” que se está produciendo en la práctica y que permite la implantación de usos hoteleros en infraestructuras localizadas en espacios portuarios, como los faros, sin que esa posibilidad excepcional se haga extensible a otro tipo de edificaciones existentes a lo largo del litoral.
La regulación de los espacios portuarios, según explicó, es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que permite la transformación de faros que perdieron su vieja funcionalidad, facilitando y mismo promoviendo la implantación nos mismos de usos hoteleros y hosteleros para darles una nueva vida. En Galicia, de hecho, citó varios ejemplos recientes, como los de los faros de Isla Pancha, Fisterra o Lariño.
Por el contrario, en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-costero, competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), cualquier posibilidad de implantar este tipo de usos —sobre todo de residencial a hotelero— en las construcciones tradicionales de la franja costera es rechazada rotundamente por el departamento estatal, un criterio que, según dijo, ya está aplicando en la práctica y que pretende introducir y consolidar ahora como norma a través del Real Decreto de modificación del Reglamento de costas.
Tras subrayar la contradicción que supone que la misma Administración estatal haga esa discriminación legal, la responsable gallega defendió que lo que reclama la Xunta es que se aplique “la misma vara de medir” en el caso de la reglamentación por parte del Miterd, ya que consideró que la normativa de costas debe ser “coherente” con la línea marcada por la legislación urbanística gallega a través de la Ley del suelo y de su reglamento.
Recuperar el patrimonio construido
En esta línea, reiteró la urgente “necesidad” de posibilitar la recuperación y puesta en valor del patrimonio construido en el litoral gallego a lo largo del tiempo, por el enorme incidente y valor que tiene en una Comunidad en la que, recordó, la ocupación tradicional del litoral nunca desvirtuó la protección del dominio público marítimo terrestre, sino que lo potenció.
Al respeto, Encarnación Rivas expuso que la petición de la Xunta se basa en posibilitar la autorización de usos hoteleros, hosteleros, recreativos o equipaciones tanto públicas como privados en construcciones tradicionales preexistentes a la Ley de costas que, por su naturaleza, no podían tener otra localización que el dominio público marítimo-terrestre —cetarias, salazones, conserveras, pazos, fortificaciones, monasterios, etc.—, pero que hoy en día ya no soy económica o socialmente sostenibles.
Con la reconversión de parte de estas edificaciones a actividades potenciadoras del medio natural y compatibles con el mismo, señaló, se busca un triple objetivo: recuperar el patrimonio construido; aprovechar y poner en valor construcciones que contribuyeron notoriamente a conformar el acervo cultural y el paisaje característico del litoral gallego; y evitar nuevas ocupaciones de la servidumbre de protección, protegiendo el paisaje costero.
Por último y con relación a las competencias autonómicas en materia de costas, Encarnación Rivas se refirió también a las reiteradas solicitudes formuladas desde la Xunta al Estado en este sentido, con el objetivo de poder establecer una gestión integral del litoral gallego, permitiendo así la integración y el desarrollo uniforme de la ordenación territorial y urbanística que tiene encomendada ya Galicia.
