La conselleira del Mar, Rosa Quintana, explicó hoy que la Xunta está dispuesta a asumir la gestión y tramitación de las indemnizaciones para compensar a los profesionales de la ría del Burgo por las obras de dragado del estuario siempre y cuando el Gobierno central transfiera a la comunidad los fondos necesarios para hacer frente a esos pagos. La representante del Ejecutivo gallego aclaró que esa fórmula tendría que ejecutarse mediante la firma de un convenio de colaboración entre las partes que recoja los recursos a destinar y los deberes de cada parte.
Rosa Quintana se manifestó así tras la reunión mantenida con los representantes de la cofradía de pescadores de A Coruña, donde le expusieron la propuesta que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico les transmitió en un encuentro mantenido ayer por videoconferencia, motivo por el que no asistió ningún representante de la Administración estatal -a pesar de que estaba previsto- a la reunión celebrada en la sede de la cofradía.
Ante esta situación, la titular de Mar subrayó que el Ejecutivo gallego pedirá las explicaciones y aclaraciones pertinentes al Estado sobre una reunión a la que la comunidad no fue invitada. “Nosotros estamos apoyando al sector. Son 80 familias que necesitan nuestro apoyo y, si el Gobierno central considera que es muy gravoso para él tramitar 80 expedientes de subvención, nosotros podemos hacer la tramitación administrativa siempre y cuando exista ese convenio en el que el Estado haga llegar el importe correspondiente para pagar las indemnizaciones”, aseveró Rosa Quintana.
Responsabilidad estatal
En este sentido, la representante de la Xunta recordó que las obras de dragado y las correspondientes indemnizaciones son competencia y responsabilidad del Gobierno central, como acredita un informe independiente elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela. Por eso, incidió en que el Ejecutivo gallego no puede adelantar el dinero para indemnizar al afectados por estas obras dado que no son de competencia autonómica. De lo contrario, estaría cometiendo un incumplimiento grave de los procedimientos administrativos.
“Puede haber algún malentendido, pero el Estado sabe que la Xunta no puede hacer un adelanto de dinero para unas obras que no son suyas. Tiene que existir un convenio donde la partida presupuestaria con cargo a la que se van a abonar las ayudas exista y haya crédito suficiente para poder pagarlas. Es el más básico en un procedimiento”administrativo , destacó la titular de Mar.
Ante esta situación, el Ejecutivo gallego tratará de corroborar con el Ministerio para la Transición Ecológica “las promesas” realizadas al sector en la reunión mantenida ayer y verá la posibilidad de celebrar una reunión a tres bandas en la que ahondar en esa o en otras posibilidades.
La Xunta considera necesario y prioritario conseguir una solución para evitar perjuicios a los profesionales del sector, por lo que la conselleira lamentó la poca “seriedad” del Gobierno central en este asunto al no aportar ninguna solución a los afectados en más de dos años. En este sentido, Rosa Quintana recordó que ya en 2019 la comunidad ofreció la posibilidad de elaborar un plan social en el que participaran todas las administraciones implicadas y también fue quien expuso la necesidad de recurrir a fondos europeos para poder desarrollar los trabajos.
La titular de Mar también recordó que si la Xunta atendiera la petición del Ejecutivo estatal de suspender los planes de gestión del marisqueo antes de empezar y de licitar las obras, las mariscadoras y mariscadores de A Coruña llevarían más de un año sin poder trabajar.