El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, se reunió hoy por videoconferencia con los directores de los centros que imparten enseñanzas de FP, a los que les anunció que la Xunta va a eximir tanto a los alumnos como a centros y empresas de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas. Lo hará a través de un acuerdo con la Fundación Empresa–Universidad Gallega (FEUGA), con la que también viene colaborando en la gestión de la FP Dual y que, por lo tanto, cuenta con una acreditada experiencia en este ámbito. El Gobierno gallego invertirá 1 M€ en habilitar este sistema, frente a la desidia del Gobierno central.

“Alrededor de 16.000 estudiantes y 12.000 empresas colaboradoras se verán beneficiadas por esta medida, que garantiza que ningún alumno pierda sus prácticas”, destacó el conselleiro, que hizo hincapié en que la Xunta considera positivo que los alumnos coticen por sus prácticas. En este sentido, aclaró que es la actitud unilateral del Gobierno central, imponiendo esta medida a las universidades y a las Comunidades Autónomas sin ningún tipo de diálogo, la que genera una situación de incertidumbre y ponen en peligro las prácticas, y mismo la titulación de los alumnos”.

El titular del departamento educativo del Gobierno gallego explicó que la Xunta “lleva ya un tiempo trabajando con FEUGA para articular esta solución, dado que el Gobierno central aun no habilitó los mecanismos jurídicos ni de gestión para hacer realidad esta medida, pese la que ya querían implantarla el 1 de octubre y la que la van a poner en marcha el próximo 1 de enero”. “Los diferentes ministerios *rebótanse el problema unos a los otros pero ninguno ofrece una solución, está todo sin resolver”, lamentó.

“En la Consellería percibíamos que esto podía pasar y llevamos tiempo trabajando para dar respuesta la este problema, con el objetivo de no sobrecargar de trabajo administrativo ni a los centros en uno a las empresas con todas las tareas derivadas de las altas y bajas en la Seguridad Social”, indicó Román Rodríguez.

Descontento general

El conselleiro destacó el descontento general con la manera de poner en marcha esta medida, tanto de los gobiernos autonómicos cómo de las propias universidades. No en vano, solo en Galicia la cotización de prácticas afecta a 16.000 alumnos de FP y a otros aproximadamente 10.000 de universidades. Asimismo, ponen en peligro que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, colaboren con la formación de los estudiantes.

Román Rodríguez denunció, además la clara intencionalidad política de Moncloa con esta medida. A partir de 1 de enero , los alumnos que realicen prácticas curriculares quedarán comprendidas como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. “Es decir, el Gobierno central de manera unilateral decidió homologar un estudiantes a un trabajador y que los estudiantes en prácticas pasen a ser cotizantes a la Seguridad Social hay una clara intención política de intentar maquillar las estadísticas laborales, *aportando en el conjunto de España en torno a 1 millón de afiliados”, señaló.

Retrasar la medida

La semana pasada, en la Conferencia Sectorial de Educación, Galicia pidió al Ministerio retrasar la puesta en marcha de esta medida hasta el inicio del curso 2024/25, ofreciendo más tiempo a alumnos, centros y empresas para adaptarse a ella.

Asimismo, se demandó que el Gobierno central habilitara un sistema informático sencillo y ágil que permita la gestión de las altas y bajas, evitando la carga burocrática para el sistema educativo y productivo. Delante de la desidia del Ministerio, que emplazó a las Comunidades Autónomas la este jueves 21 para explicarles el régimen jurídico de la medida, Galicia decidió adelantarse estableciendo la dicha colaboración con FEUGA.

Hace falta destacar, además, que gracias a la presión de administración autonómicas como la gallega, el Gobierno central optó finalmente por bonificar el 100% de la cotización de las prácticas, de tal forma que no suponga un sobrecosto para alumnos y empresas, tal y como exigió la Xunta.