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El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, mantuvo una reunión con los ayuntamientos de Porto do Son, Lousame, Noia, Ribeira, Muros y Outes para evaluar la situación actual de la mina de San Finx, en la que también participaron las consellerías de Infraestructuras y del Mar.
En el encuentro, Conde insistió en que la prioridad de la Xunta es la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, por lo que la Administración autonómica se mantiene vigilante para garantizar que cualquier actividad minera que se desarrolle en Galicia en general y en San Finx, en este caso, cumpla con las garantías urbanísticas, ambientales y técnicas exigidas por la legislación vigente y que sean compatibles con un modelo de minería sostenible y respetuoso.
El vicepresidente económico explicó que la Xunta no recibió solicitud formal de la transmisión de la titularidad ni ningún tipo de comunicación al respeto por parte de Sacyr ni de Rafaella Resources. En este sentido, será necesario comprobar la solvencia técnica y financiera de la nueva empresa, que debe aclarar el proyecto que pretende llevar a cabo, ya que en el caso de pretender actuar en galerías ahora mismo inutilizadas por la presencia de agua deberá presentar un proyecto de explotación actualizado, que deberá someterse a la evaluación ambiental que corresponda.
Conde recordó que actualmente la concesión sigue vigente siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones técnicas, urbanísticas y ambientales establecidas. Así, el último paso adoptado fue iniciar la tramitación de la autorización de una nueva instalación depuradora que garantice que todos los vertidos del agua se realicen cumpliendo con las directrices y parámetros de calidad establecidos por Augas de Galicia, basándose en los resultados obtenidos en los ensayos efectuados en la prueba piloto, y evitando cualquier tipo de afección a la ría. Además, en la reunión se le confirmó a los alcaldes que desde la Xunta se seguirá exigiendo la restauración de las balsas a la empresa.
La Administración gallega trabaja, pues, con la máxima planificación y anticipación con el objetivo de velar por que la empresa actúe con responsabilidad y de manera que se den las condiciones necesarias para garantizar la calidad de las aguas y la compatibilidad con las actividades de la zona.
