El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó algunas de las conclusiones del estudio de delimitación competencial en el ámbito de la Administración local elaborado por la Universidad de Santiago (USC) en el marco del convenio firmado en diciembre de 2020 y que hoy analizó el Consello. El texto evalúa, entre otros aspectos, ámbitos como los servicios sociales, el mantenimiento de centros docentes y de salud, la atención a las emergencias, el medio ambiente o la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Partiendo de las bases establecidas en este estudio, “ahora correspondería hacer las delimitaciones y comenzar una negociación sobre esas bases legales”, indicó Rueda, quien avanzó que la Xunta va a trasladar este estudio a la Fegamp.
Rueda explicó que el estudio se centró en los ámbitos donde se detectan mayores dificultades de deslinde competencial entre ambas administraciones con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar una mejor prestación de servicios públicos.
Hace falta aclarar que entre los servicios prestados a la ciudadanía por parte de las entidades locales hay que distinguir entre los que son obligatorios -los mínimos impuestos por la legislación de régimen local o por normas sectoriales- y los que asumen de manera voluntaria con cobertura en las competencias propias o en habilitaciones normativas expresas, en los que en algunos supuestos se dan casos de concurrencia con la Administración autonómica. Esto es, escuelas infantiles de 0 a 3 años según la titularidad, los centros de menores, o los servicios del sistema de protección y asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género y los dirigidos a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por lo tanto, cuando una entidad local asume de forma voluntaria la prestación de un servicio que la ley no le obliga, no hay base legal para que exijan su asunción a la Administración autonómica, con independencia de que la Xunta esté financiando con transferencias todo tipo de servicios municipales, tanto obligatorios como voluntarios.
En esta línea, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y sostenibilidad financiera de la Administración local (LRSAL) supuso una nueva configuración de las competencias municipales, puesto que, a partir de esta norma, las entidades locales no pueden asumir ninguna competencia distinta de las propias si no garantizan la sostenibilidad financiera de la hacienda local.
A pesar de este intento por clarificar las competencias locales seguían existiendo supuestos en los que la distribución de competencias no está bien definida, y durante la gestión de la crisis de la covid-19 surgieron nuevas necesidades sociales a las que atendieron las administraciones incrementándose el coste de la prestación de muchos servicios públicos, motivo por lo que se abordó este estudio, que pretende clarificar el espacio competencial de las administraciones autonómica y local.
En un principio, el acuerdo incluía a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), aceptando mismo su propuesta de crear un grupo de trabajo, en el marco del convenio de colaboración propuesto, pero, igualmente, su presidente, Alberto Varela, decidió que la entidad que representa no firmaría el convenio entre la Xunta y la USC, anunciando que crearían su grupo de trabajo. La Fegamp acaba de comunicar el final de sus trabajos, que no fueron remitidos a la Xunta, e instó a contrastarlos con los resultados del Gobierno gallego al no ser posible, debido a su decisión, de que se pudiera conseguir una propuesta única y consensuada.
Por su parte, el grupo de trabajo creado en la comisión de seguimiento del convenio entre la Xunta y la USC evaluó, en múltiples encuentros celebrados a lo largo del año pasado, las competencias en distintos ámbitos con representantes de ambas entidades y expertos, con el objetivo de obtener un análisis riguroso en todos los ámbitos que permita contar con una delimitación clara de las competencias autonómicas y municipales.
El estudio elaborado como resultado de este acuerdo es un documento en el que participaron todas las consellerías de la Xunta en el que se realiza un profundo análisis de las competencias municipales.
Servicios sociales, educación, salud, emergencias y aguas
Por una parte, tal y como explicó el presidente autonómico, “las entidades locales están obligadas a la prestación de servicios sociales comunitarios básicos de titularidad municipal como la ayuda al hogar”, si bien la implantación de otros más allá de esta acepción se llevará a cabo de manera voluntaria, con base en la normativa sectorial anterior a LRSAL o tras la evaluación de la sostenibilidad financiera de la hacienda local.
En el caso de las escuelas infantiles, para niños de 0 a 3 años, “los costes derivados del funcionamiento de estos centros serán asumidos por la administración que tenga la titularidad”, indicó Rueda.
En el ámbito educativo, las entidades locales deben hacerse cargo de los gastos de conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial y la Xunta cuando se trata de centros que solo imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. “En los centros con una impartición mixta como ocurre con los centros integrados, el reparto de los costes es en función de la superficie dedicada la cada nivel formativo”, explicó Rueda.
Además, aunque la Administración autonómica debe hacerse cargo de los gastos de mejora de los edificios escolares, viene asumiendo, a través de subvenciones y sin estar obligada a hacerlo, costes que corresponden a los municipios como los gastos de gasóleo para calefacción o el servicio de limpieza. En el caso de los comedores escolares, se encuadraría en el ámbito de los servicios sociales de titularidad municipal por ser un recurso complementario al ámbito educativo, una medida tendente a favorecer la conciliación, mientras que el transporte escolar sería de competencia autonómica.
En el ámbito sanitario, el estudio recoge que la Administración autonómica tiene competencia para asumir centros de salud de titularidad municipal y sustituirlos por nuevos de titularidad del Servicio Gallego de Salud (Sergas), al igual que en las unidades asistenciales de drogodependencias de titularidad municipal. Pero, en lo que respeta a la situación del personal municipal de los centros de atención a drogodependencia, su integración en la Administración autonómica exigirá el cumplimiento de los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.
En lo que se refiere a la atención a las emergencias, en materia de bomberos y salvamento y de protección civil y emergencias, es competencia de los municipios de más de 20.000 habitantes, y de las diputaciones provinciales en el resto de municipios. También es competencia de los ayuntamientos el servicio de socorrismo en las zonas de baño. La Xunta colabora en la regulación sobre su formación mínima de los socorristas con la aprobación de un decreto en 2012 -actualizado el año pasado- y con la creación del Registro Profesional de socorristas acuáticos de Galicia, además de sufragar cursos y la contratación de profesionales.
El estudio recoge además que los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, son competencias de los ayuntamientos, y las diputaciones tienen el deber de apoyarlos, sobre todo los más pequeños, pese la que la Xunta está apoyando financieramente con el fin de progresar en la optimización de la gestión del agua y en la prestación de estos servicios. También corresponde a los ayuntamientos velar por el cumplimiento de la norma en medio ambiente urbano o la recogida de animales domésticos abandonados.
Refuerzo de la autonomía local
La Xunta mantiene su compromiso con las entidades locales de Galicia con iniciativas como la Cátedra institucional de buen Gobierno Local, en colaboración con la Universidad de Vigo a través de la Red Localis. Se trata de un foro pionero en España que fomenta el debate público para dar soluciones a los problemas de las entidades locales gallegas.
Otro convenio también firmado este año con la Universidad de Vigo, permitirá revisar, mejorar y actualizar el marco legislativo en materia de Administración local. Se elaborará una noticia normativa adaptada a los cambios producidos en los últimos tiempos que sea capaz de impulsar una administración local moderna y centrada en el ciudadana.
Hace falta añadir que Galicia fue la primera comunidad en garantizar desde 2011 la participación de las entidades locales en los presupuestos de la Xunta a través del Fondo de Cooperación Local (FCL), que el próximo año contará con 143,4 millones de euros, un 14% más que este año. Destaca el incremento del fondo adicional hasta los 30,5 millones de euros con un aumento récord de un 135% para sufragar los servicios municipales más demandados por los ciudadanos como las emergencias o el abastecimiento.
Entre el FCL y más de 415,5 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de los distintos departamentos de la Xunta las transferencias de la Xunta a las entidades locales conseguirán el próximo año los 564,3 millones de euros, subiendo un 15,5% frente a este 2022. Estas cifras constatan el compromiso del Gobierno gallego en el refuerzo de la autonomía local con la finalidad de paliar las insuficiencias financieras conforme a la distribución de competencias que le corresponden y mismo colaborando con los ayuntamientos en servicios de competencia municipal.