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La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, puso a disposición de los ayuntamientos gallegos el Plan general de prevención de riesgos de gestión para la ejecución de los fondos Next Generation, una iniciativa del Gobierno gallego a favor de la transparencia y ejemplaridad en el desarrollo de los fondos comunitarios.
Natalia Prieto participó por videoconferencia en la jornada la importancia de los planes antifraude en los ayuntamientos: de la gestión de los fondos europeos a la gestión del público, organizada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). En ese encuentro con responsables de las entidades locales, la directora general de Administración Local recordó que todas las entidades públicas que gestionan fondos europeos Next Generation están obligadas a disponer de un plan de medidas antifraude “para garantizar que dichos fondos fueron utilizados de acuerdo con la normativa aplicable”. Los planes tienen que estar aprobados el 30 de diciembre, tal y como establece la orden ministerial.
Consciente de que algunas Administraciones locales carecen de recursos para hacer frente a estos requisitos, y de que la tramitación de la documentación dificulta, en muchos casos, aun más cumplir en tiempo y forma con los procedimientos, Natalia Prieto puso a disposición de los ayuntamientos gallegos el modelo autonómico, disponible para su consulta en el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia.
El Gobierno gallego fue pionero en la puesta en marcha de medidas de autorregulación para el control de riesgos de corrupción. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Cuentas, asumió voluntariamente mecanismos de seguimiento y prevención, situándose “en la vanguardia de la transparencia y ejemplaridad”, subrayó Natalia Prieto.
El pasado 10 de diciembre, el Consello da Xunta aprobó el Plan general de prevención de riesgos de gestión para la ejecución de los fondos Next Generation. Galicia se convirtió, de esa manera, en la primera comunidad autónoma en aprobar un documento de este tipo siguiendo los requisitos de la Unión Europea para el control de posibles fraudes en la tramitación y destino de los fondos europeos de recuperación. El Plan será de obligada aplicación en todas las consellerías, centros directivos y entidades públicas que ejecuten estas ayudas comunitarias. Además, “incrementará la transparencia en la gestión y responderá a las demandas de los ciudadanos, que exigen mayores niveles de rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas”, indicó la directora general de Administración local.
