La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, propusieron este lunes al Ayuntamiento de Vigo una reunión entre técnicos del Gobierno gallego y de la administración local para solventar las carencias que aún existen para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Municipal vigués.
En una rueda de prensa celebrada en la Delegación Territorial, la representante autonómica explicó que la Xunta emitió ya informes de 15 organismos distintos, para abordar toda la complejidad del Plan en relación a cuestiones de accesibilidad física y sensorial, de respeto al paisaje y al patrimonio natural, de planificación energética y de ordenación forestal, entre otros.
Fernández-Tapias indicó que de esos 15 organismos que emitieron su informe, 13 fueron positivos, pero dos, que se remitieron esta misma mañana, fueron desfavorables: los de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Agencia Gallega de *Infraestructuras (*AXI). “Por eso, esta misma mañana, junto con la remisión de los últimos informes, propusimos al Ayuntamiento una reunión entre técnicos de cada administración, junto al equipo redactor del PGOM, para resolver estas últimas cuestiones y lograr que se desbloquee esta situación lo antes posible”, apuntó.
Segundo indicó la delegada territorial, en el caso de Patrimonio Cultural, se trata de la tercera vez que se emite un informe negativo, puesto que las dos primeras fueron el 10 de agosto del 2020 y el 17 de enero de 2022. “Los argumentos son siempre los mismos, pero el Ayuntamiento de Vigo aun no emendó las deficiencias que apunta”, indicó.
Tal y como relató, se pide que se hagan prospecciones del territorio para conocer todos los bienes culturales, tenerlos adecuadamente localizados y evitar que el desarrollo urbanístico de la ciudad provoque daños. “La negativa del Ayuntamiento a realizar estos estudios impide disponer de una foto fija actualizada del patrimonio arqueológico, arquitectónico y *etnolóxico de la ciudad, que estamos obligados a respetar y proteger”, añadió.
El informe desfavorable de la AXI ve en el mismo sentido del que se emitió hace casi un año (13 de enero). Las principales carencias del PGOM en este capítulo son la ausencia de un estudio de tráfico en las carreteras autonómicas que recorren Vigo, por lo que no se puede acreditar que no se vayan a saturar por el futuro desarrollo urbanístico, y que se impute a la Xunta el coste de 85 millones de euros de los seis últimos tramos de la carretera PO-010 (Ronda A Balsa – Baruxáns) al tratarse de un vial municipal en Beade.
“Que estos dos informes sigan siendo negativos, a pesar de los preavisos, no es una buena noticia. No nos consuela que haya 13 que sean favorables. Sería mucho más útil para Vigo que, en todos estos meses, el Ayuntamiento rectificara las deficiencias en Patrimonio y Carreteras. No lo hizo y, por eso, el Plan General de Vigo va a sufrir un nuevo retraso. La cuestión, ahora, es que este retraso sea el mínimo posible”, dijo Fernández-Tapias.
La representante autonómica insistió en que la obligación de la Xunta es cumplir la ley en materia de protección patrimonial y de ordenación viaria, mientras que la del Ayuntamiento de Vigo es elaborar un plan que sea autorizable. “El actual no lo es, por eso ponemos a los técnicos autonómicos la disposición: para emendar los errores que en estos meses pasados no se emendaron. Estamos a tiempo de arreglar la situación y estoy convencida de que la forma para conseguirlo es el diálogo”, señaló.
“Confío en que este no sea otro motivo de discusión, enfrentamiento y malas palabras que no llevan la ningún lado. Tengo la determinación, y así lo propusimos al Ayuntamiento, de trabajar de la mano para que Vigo cuente por fin con un ordenamiento urbanístico que impulse y ordene el crecimiento de nuestra ciudad durante las próximas décadas”, concluyó Marta Fernández-Tapias.