La Xunta reclamará una mesa de diálogo con el Gobierno central para resolver las dudas competenciales de la nueva Ley por el derecho a la vivienda

Ángeles Vázquez apuesta por la apertura de una comisión bilateral Xunta-Estado pero no descarta recurrir ante la Justicia una norma “intervencionista”, que “invade competencias autonómicas” y que generará “inseguridad jurídica y confusión”
Publicado por o día 30/05/2023 na sección de Medio Ambiente,Santiago

La Xunta reclamará una mesa de diálogo con el Gobierno central para resolver las dudas competenciales de la nueva Ley por el derecho a la vivienda

La Xunta de Galicia tiene intención de reclamar que se abra un proceso de diálogo con el Gobierno central ante las dudas competenciales generadas con la aprobación definitiva de la nueva Ley estatal por el derecho a la vivienda, en vigor desde el pasado viernes.

Durante una comparecencia a petición propia en el Parlamento para exponer las políticas de vivienda de su departamento, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunció que ya se está trabajando en la solicitud de una comisión bilateral Xunta-Estado para intentar agotar la vía del diálogo antes de tomar la decisión de recurrir judicialmente un texto que “preocupa mucho” a Galicia.

Al respecto, la responsable autonómica incidió en la “necesidad de sentarse” con el Ejecutivo central para analizar el contenido de una ley “intervencionista”, que genera “inseguridad jurídica” e “invade competencias autonómicas”, pero sobre cuya elaboración y tramitación, recordó, “las comunidades no fueron consultadas ni informadas”.

“Esta ley no nos gusta. No le gusta a Galicia, no le gusta al Observatorio da vivenda y no le gusta a los agentes del sector”, señaló la conselleira, quien recordó durante su intervención algunos de los principales problemas detectados en la nueva norma por la Xunta y los principales colectivos que operan en el comprado inmobiliario gallego.

En concreto, indicó que la Ley por el derecho a la vivienda “prima a los ocupas” frente a los legítimos dueños de los inmuebles, “ataca el derecho a la propiedad privada”, apuesta por “medidas fracasadas ya en otros países” y “sancionadoras” contrarias a las políticas de vivienda de la Xunta, y provocará “distorsiones en el mercado” de alquiler, perjudicando “tanto a propietarios como a inquilinos”.

Frente a los “atrancos” y al previsible “impacto negativo” que tendrá la aplicación de la nueva norma, Ángeles Vázquez contrapuso la gestión “ágil y eficaz” que desde el año 2009 ha estado realizando el Gobierno gallego en este ámbito. A modo de balance, destacó los 714 millones de euros destinados por la Xunta desde entonces para ayudar a 143.000 familias a acceder o rehabilitar su domicilio habitual o las 4.640 viviendas públicas movilizadas.

“Una política de hechos”, explicó la conselleira, que contrapuso a los últimos “anuncios electoralistas” del presidente Pedro Sánchez sobre la supuesta cesión de miles de viviendas de la Sareb a las comunidades, viviendas que, en la práctica, “no tienen licencia de primera ocupación” y en muchos casos “son escombros” en los que no se puede vivir.

Frente a esto, incidió en que el Ejecutivo gallego seguirá apostando en los próximos años por políticas activas en este ámbito a través de la Estratexia de vivenda pública e protexida, que tal y como recordó prevé incrementar en un 50 % el actual parque público residencial hasta alcanzar las 5.600 VPP en toda Galicia y trabajar en el impulso de la construcción en suelo público de otras 3.000 viviendas por parte de promotores privados.

En la misma línea, también anunció que este año el Instituto Galego da Vivenda e Solo gestionará un total de 24 medidas y programas de subvenciones con los que se movilizará un presupuesto de, como mínimo, 140 millones de euros. Entre ellos, la responsable autonómica se refirió a ayudas ya convocadas como el programa de rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, los incentivos a la compra para jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes, o las subvenciones a promotores públicos y privados para construir viviendas en edificios energéticamente eficientes.

También avanzó que este viernes se publicará una nueva convocatoria de ayudas para hacer más accesibles viviendas y edificios, con un presupuesto de 9 millones; y añadió que en las próximas semanas se abrirán tres programas destinados a mejorar la eficiencia energética de inmuebles de tipo residencial, financiadas con fondos europeos y cuya primera convocatoria, destacó, se cerró en Galicia con una “ejecución del 100 %”.

Asimismo y como ejemplo de la gestión que realiza la Xunta en este ámbito, Ángeles Vázquez anunció que su departamento acaba de solicitar al Ministerio más fondos para el Bono Alugueiro mozo, ayuda que solicitaron 14.400 gallegos y que recibieron algo más de 4.000 por falta de presupuesto, así como un cambio en las bases de estas ayudas en futuras convocatorias ante la detección de “injusticias” y requisitos demasiado restrictivos.

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