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La secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella, valorizó hoy en Comisión en el Parlamento de Galicia las medidas activadas por la Xunta de Galicia para reforzar el apoyo judicial a las mujeres víctimas de la violencia de género, que abarcan desde turnos de guardia psicológica, servicios de asesoramiento y apoyo a las personas letradas en su especialización, hasta la personación directa como acción popular en los procedimientos penitenciarios en casos de muerte por esta lacra.
Tal y como recordó la responsable de Igualdad, desde 2013 y hasta 2020, la Xunta se personó en 19 casos penitenciarios por muerte a causa de la violencia de género, resultando inviable en los otros diez casos por imposibilidad de contactar con la familia de las mujeres o por el suicidio de los agresores.
“El acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y la protección de las mismas están garantizadas por las normas de aplicación”, especificó la secretaria general, que quiso hacer énfasis en que para protección de las mujeres, se están empleando los recursos necesarios, que tienen por base y financiación el Pacto de Estado en la materia. “La violencia de género es una cuestión transversal, que implica a toda la organización de la Xunta”, especificó.
En la misma línea, explicó que este año un total de 90 mujeres y 150 profesionales se beneficiarán de los apoyos previstos, con una inversión de 390.000 euros, para reforzar la asistencia jurídica de las mujeres víctimas de violencia de género (incluidas las de violencia sexual) en el acceso a la asistencia jurídica gratuita antes y durante el procedimiento judicial. Esta medida procede de un convenio firmado entre la Consellería y Empleo e Igualdad y la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, en el marco del cual también se amplía la formación especializada en la materia de abogados y procuradores.
La Xunta mantiene activo, por otra parte, un turno de guardia psicológica especializada y permanente que este año pretende servir la 90 mujeres y sus hijos y hijas menores en situación de violencia de género. Este mecanismo, que forma parte de las medidas desarrolladas en la comunidad, gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tiene carácter inmediato para las situaciones de urgencia y se presta a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en toda Galicia.
Otro turno, de guardia social, fruto del convenio firmado con el Colegio de Trabajo Social, atenderá las necesidades urgentes de unas 60 mujeres antes de que finalice el año, en materia de apoyo social, atención en crisis o asistencial.
Tal y como recordó López Abella, la Xunta facilita también servicio de intérpretes y apoyo a mujeres víctimas con discapacidad auditiva y/o visual. Gracias a un convenio con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas (FAXPG) cuentan con ayuda desde el momento mismo de presentación de la denuncia. Para 2021 estima qué medio centenar de usuarias resulten beneficiarias de la medida.
En su intervención, la secretaria general recordó que los 84 Centros de Información a la Mujer atendieron en 2020 más de 76.000 consultas, en la mayor parte en las áreas de atención psicológica y jurídica. Los propios profesionales realizan acompañamiento a las víctimas en el ámbito judicial. Además la Xunta viene de ampliar las oficinas de atención a las víctimas en sede judicial existentes en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago y Vigo a los que se incorporaron siete trabajadores sociales más.
La Xunta complementa el apoyo jurídico a las mujeres víctimas con la implantación de dispositivos de alarma (103 en 2020) y los servicios telefónicos 900400273 de atención 24h a las mujeres (3.336 llamadas en 2020) y de atención y protección para víctimas (Atenpro) que en 2020 registró 622 altas en la comunidad.
Unidad de actuación
Susana López Abella trasladó a la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia que el Consejo Estatal Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, adscrito al Ministerio de Justicia, aceptó abordar, en el marco de sus competencias y la propuesta del Gobierno gallego, el hecho de que letrados condenados por violencia de género puedan asumir la asistencia jurídica de una víctima de violencia de género, estando pendiente de resultados al respecto.
Incidió, por otra parte, en que en Galicia “está observándose la unidad de actuación letrada a las víctimas de violencia de género” y que en todo caso, “corresponde a los colegios de abogados instrumentar las medidas necesarias para garantizarla”, siempre que no afecte a su derecho de defensa.
