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A Coruña, 21 de diciembre de 2022
El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, presidieron esta mañana la Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio Fiscal y la Xunta en la que se abordó el convenio entre el Gobierno gallego y la Fiscalía General del Estado para el acceso a la información de los expedientes en materia de menores.
La renovación de este acuerdo se firmó hoy entre el vicepresidente segundo de la Xunta y el fiscal superior de Galicia junto con el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cervino. Por parte de la Administración autonómica también intervienen en este convenio la Consellería de Política Social e Xuventude con el objetivo de permitir el acceso por parte de fiscales de menores a los datos existentes en el sistema de información MENOR que registra la actividad con el menor en las áreas de protección de menores y justicia penitenciaria juvenil. La información de este sistema estará disponible a través del portal de la plataforma de intermediación pasaXe!
Por otra parte, en la reunión de la Comisión Mixta de la Fiscalía se abordaron, además de este convenio, cuestiones relacionadas con infraestructuras y medios materiales y tecnológicos. En el encuentro participaron también el director general de Justicia, José Tronchoni, y por parte de la Fiscalía, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo; el fiscal de la Unidad de Apoyo, Raúl Martínez; y los fiscales jefes provinciales de las cuatro provincias gallegas.
Así, el vicepresidente segundo recordó que los 27 fiscales y los 25 funcionarios de la Fiscalía del área de Vigo tendrán a su disposición la planta 5ª de la Cdade da Xustiza de Vigo que dispone de una superficie de más de 2.300 metros cuadrados, donde estarán ubicados 41 despachos, salas de espera, salas de juntas, salas de toma de declaraciones, un área de menores y el área del fiscal jefe.
También se refirió a las actuaciones finalizadas este año en la Fiscalía provincial de Pontevedra que, gracias a la redistribución de los espacios anteriores y a la construcción del nuevo edificio judicial de A Parda, permitió que este órgano duplicara su superficie asignada en el edificio antiguo. Con una inversión de 90.000 euros, se dotó de más despachos a los fiscales de área, así se ampliaron las oficinas y los archivos y se creó un espacio diferenciado para la Fiscalía de Menores. En la actualidad ocupa el cuarto piso -espacio en el que anteriormente estaban los juzgados del Penitenciario y de Menores- y también el quinto.
En cuanto a la digitalización de la justicia, se dio cuenta de la planificación actualizada del Plan Senda que hasta 2025 supondrá una inversión de 43 millones y, en concreto, su aplicación de las mejoras tecnológicas en la actividad diaria de los fiscales.
Respeto al personal, este año se crearon 11 nuevas plazas de funcionarios en las oficinas fiscales hasta conseguir un total de 143, lo que supone un incremento del 40% respecto a 2014 y en un estándar similar al promedio nacional. Junto con estos aumentos de plantillas, se dotaron de otros 17 efectivos de refuerzo.
Hace falta recordar que en 2023 se pondrán en marcha otras 24 nuevas plazas de funcionarios para atender las necesidades de personal asociadas a la creación de los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción el próximo año: el nº 6 de Lugo, el nº 15 de A Coruña y el nº16 de Vigo.
Por otra parte, en el encuentro se trató la coordinación entre la Fiscalía y las Oficinas de Atención a las Víctimas (OAV). La Xunta aboga por consolidar este modelo de atención asistencial, que abarca desde la intervención psicológica en la que los profesionales de la psicología llevan a cabo una atención individualizada de la víctima -que determina la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización secundaria- y además el estudio y aplicación de las medidas de protección que minimicen los trastornos psicológicos y propuestas para la asistencia y protección de la víctima durante lo proceso.
En esta línea, se abordó el protocolo de actuación que se aprobará en breve sobre el funcionamiento de estas oficinas, con el objetivo de prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas a consecuencia del delito, en especial a los menores de edad y a las víctimas especialmente vulnerables durante lo proceso judicial.
