Publicado por 
Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2023 La Xunta reunirá al Consello Galego de Pesca en próximos días para analizar al por menor con el sector pesquero el dictamen encargado por el Gobierno gallego a la Fundación MarInnleg sobre el paquete de políticas marítimas presentado esta semana por la Comisión Europea y que incluye el veto a la pesca de arrastre en un tercio de las aguas de los Estados miembros en el 2024 y en todas las áreas marinas protegidas de la UE -un 30 % de las aguas comunitarias- en 2030.
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, manifestó hoy que este paquete de medidas de Bruselas tiene un calado medioambientalista inadmisible, desequilibrado e incoherente y supone un atentado para la gente del mar pues obvia los aspectos socioeconómicos y hace peligrar su futuro. En esta línea, la reunión del Consello Galego de Pesca también servirá para trazar una hoja de ruta de defensa de la flota gallega ante estas decisiones desproporcionadas que desatienden la realidad marítimo-pesquera.
Así lo señaló en el marco del II Congreso Súmate al cambio sostenible, organizado por Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) y en el que el director xeral intervino en el panel IV, titulado Hacia un Atlántico más sostenible. Allí Antonio Basanta también hizo hincapié en que el Gobierno gallego seguirá reclamando justicia para la flota que está pasando momentos de dificultad debido la este tipo de prohibiciones establecidas por la Comisión Europea.
En este sentido, el representante de la Consellería do Mar señaló que el Ejecutivo autonómico reforzará el trabajo en la vía diplomática y en la judicial y continuará defendiendo a la flota y apoyando al Gobierno central en el camino indicado desde Galicia.
Estas restricciones a la pesca de arrastre se sumarán al veto actual a la pesca de fondo decretado por Bruselas en 87 áreas de aguas comunitarias y que fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por el Gobierno central y la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7).
En este último recurso la Xunta se presentará como parte coadyuvante y avanza en la estrategia de defensa de los intereses del sector ante esta prohibición. De hecho, esta semana Antonio Basanta abordó con representantes de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) y del bufete de abogados J&A Garrigues distintas cuestiones vitales para dar solidez al recurso. Este bufete cuenta con juristas especializados en derecho comunitario y conocedores de la materia y la Consellería do Mar recurrió a él para apuntalar la estrategia gallega y obtener los mejores resultados posibles.
En relación con la evaluación sobre la PCP que incluye el paquete de políticas marítimas de Bruselas, el director xeral destacó la carencia de autocrítica y de soluciones a cuestiones como los descartes de pesca. A mayores, destacó que Bruselas tampoco propone medidas en la estrategia para la transición energética del sector pesquero. Esto debe hacerse, indicó, de manera equilibrada, asumible para la flota y con apoyos económicos de la Comisión Europea para disponer de buques adaptados.
