El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo hoy un encuentro con representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria en el que les trasladó que el Ejecutivo gallego va a solicitar un informe independiente al Consello Consultivo de Galicia para reforzar su demanda al Estado de transferencia inmediata de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre en territorio gallego.
En esa reunión, en la que estuvo acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y por la conselleira del Mar, Rosa Quintana, aseguró que los servicios jurídicos de la comunidad entienden que se puede hacer esa transferencia sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Galicia. Por tanto, podría ejecutarse vía decreto o como ley orgánica.
La Xunta trasladó a los responsables de la Confederación Mar-Industria Alimentaria su apoyo en la defensa de los intereses del sector del mar y su voluntad de asumir las competencias lo antes posible para gestionar el litoral en consonancia con la realidad gallega. En esta línea, incidió en que Galicia no se entiende sin su mar ni sin toda la actividad que se desarrolla a su alrededor.
El presidente y las conselleiras censuraron la actitud del Gobierno central desde el año 2018 y su pretensión de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa sin evaluar las consecuencias que esas decisiones pueden tener en la economía y en la población de las zonas costeras.
Esos planes, recordaron, comenzaron tratando de modificar el reglamento general de espaldas para erradicar cualquier tipo de actividad en la línea marítima y que, aunque la contestación social obligó a paralizarlos, los recuperó “por la puerta de atrás” con las modificaciones introducidas en la Ley de cambio climático, con la que limitó la duración máxima de las concesiones a 75 años, “lo que no solo ponen en riesgo a actividad de las empresas del sector, sino que les genera también inseguridad jurídica”.
Ahora insiste en esa pretensión de dejar libre la costa con el Plan Estratégico del Litoral y con la modificación del reglamento general de Costas, a los que la Xunta va a presentar los correspondientes alegatos en base a argumentos sólidos e informes de impacto que permitan frenar los planes del Ejecutivo estatal. No obstante, la Xunta recuerda que únicamente la Administración gallega puede hacer alegatos al Plan Estratégico del Litoral, lo que muestra el oscurantismo con el que está actuando el Gobierno central pues no quiere participación del conjunto de la ciudadanía ni transparencia.
Por eso, la Xunta está trasladando esta cuestión a los ayuntamientos del litoral y también a las entidades afectadas para que se rearmen y tratar de parar el proyecto del Gobierno central “con la fuerza social, la acción política y la vía legislativa”. En esta línea, el Ejecutivo gallego cuestiona la gestión que se está llevando del litoral de Galicia a más de 600 kilómetros de la costa y reivindica la capacidad de la comunidad para administrar de manera sostenible sus recursos naturales.