El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Gobierno gallego va a recurrir ante la Justicia la decisión del Ejecutivo central de darle carácter oficial a la denominación ‘Ría del Eo’ para designar a la ría en que desemboca ese río. Consecuentemente, argumentó que se defiende que solo tenga oficialidad el topónimo ‘Ría de Ribadeo’, por ser el que “se empleó siempre históricamente” y tratarse de un “topónimo con siglos de antigüedad”, avaló.
“No estamos solos”, aseveró el mandatario gallego, quien refrendó el apoyo del Gobierno gallego a este topónimo al hecho de que también otros organismos están defendiendo la oficialidad en exclusiva del topónimo Ría de Ribadeo y citó el ayuntamiento de esta localidad lucense, la Diputación de Lugo, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega o expertos de la Universidad de Santiago.
Se debe recordar que una resolución del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dictada después de informe preceptivo de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, estableció en noviembre de 2022 que ambos topónimos debían tener el mismo carácter oficial. La Xunta presentó, junto con entidades locales y asociativas de la Comunidad Autónoma, un recurso ante la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que fue desestimado el pasado mes de enero. Por eso, Rueda explicó que el Consello da Xunta acordó hoy presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justiza de Madrid contra la resolución del IGN del pasado noviembre.
El mandatario gallego apuntó que admitir una alternativa de reciente creación para un topónimo de siglos de antigüedad, como es el caso de Ría de Ribadeo, supone infringir la Ley 10/2015, de 26 de mayo , que salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial, ya que constituye una agresión al topónimo tradicional, toda vez que la toponimia tradicional está protegida.
Además, Rueda hizo hincapié en que la Comisión de Toponimia de Galicia también considera que dotar de oficialidad estos dos topónimos vulnera la normativa y contradice informes oficiales de la propia Comisión Especializada de Nombres Geográficos datados en 2008.
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