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El conselleiro del Mar, Alfonso Villares, acompañado del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Antonio Basanta, mantuvieron hoy una reunión en Santiago con la Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que preside Isabel Cañas y con el titular de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, con los que analizaron la actual situación del sector de la transformación de los pescados y mariscos, que está atravesando una compleja situación y en el que se están produciendo multitud de movimientos en los últimos tiempos.
En este encuentro quedó de manifiesto que la rama industrial de una cadena que representa cerca del 5% del PIB de la autonomía, cuya facturación anual se acerca a los 9.000 millones de euros y que ocupa la alrededor de 50.000 profesionales precisa para garantizar su futuro e impulsar su actividad de un marco reglamentario y financiero estable que dinamice e impulse los ámbitos de la transformación y de la comercialización.
Una de las partes fundamentales dentro del conjunto de herramientas que precisan las empresas del sector, especialmente aquellas de mayor tamaño, pasa por contar con los instrumentos financieros que les permitan tanto apuntalar su negocio y empleo en épocas de inestabilidad geopolítica y de los comprados como la actual, que vienen a empeorar conflictos como lo que se mantiene activo en Ucrania por la invasión rusa o en Oriente Medio.
Otra de las vías para favorecer a las empresas de la cadena mar-industria pasa por continuar con la defensa de las competencias gallegas sobre su costa refrendada en la ley del litoral autonómica, una normativa propia que, nacida con las propuestas del propio sector y articulada por los mejores juristas de Galicia, sitúa al conjunto de las actividades marítimo-pesqueras como prioritarias frente a cualquier otras, pues de la fe negro sobre blanco de su carácter estratégico y esencial para nuestra comunidad. Tal y como indicó el conselleiro la Xunta continuará a luchar por su norma, que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional, porque entiende que cabe perfectamente dentro del marco que establecen la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía.
Además de esta seguridad jurídica, otro de los puntos que se abordó con las empresas ligadas al sector marítimo-pesquero integradas en la CEG fue la del largamente esperado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la cadena mar-industria. El caso es que no están nada claros los plazos, que no acaban de fijar ni el ministro de Industria, Jordi Hereu, ni lo de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pues comunicaron que estaría listo el pasado septiembre y ya se llevan, por tanto, cuatro meses de retraso sobre la última fecha anunciada, por lo que es necesaria mayor celeridad. Tampoco convence de ninguna forma la hipotética dotación, de 40 millones de euros en ayudas y otros 10 millones en créditos.
Tanto el conselleiro como los empresarios no entienden que después de casi tres años de abandono, tras su exclusión del Perte Agroalimentario, se pretenda habilitar so 50 millones de euros que resultan de todo insuficientes, dado que el dedicado a la agroindustria fue más que milmillonario y que las industrias del mar reclamaban cuantías de alrededor de 400 millones de euros. Por eso se insta al Ejecutivo estatal a cumplir con las expectativas y dar respuestas a las necesidades del sector con un volumen de recursos idóneo que permita a las empresas continuar ahondando en su transformación, mejorando sus procesos productivos e impulsando su competitividad.
Reducir la fiscalidad
Coinciden patronal y Junta, además, en la necesidad de que el Ejecutivo estatal acceda a rebajar el IVA al pescado, marisco y conservas, medida que las dos partes consideran imprescindible junto con las campañas de promoción para incentivar el consumo de estos alimentos entre la ciudadanía. Alfonso Villares coincidió con Juan Manuel Vieites en que se debe extender la reducción impositiva de la que disfrutan ya otros alimentos a los productos del mar, evitando un agravio comparativo y propiciando que, como ocurre en los países del entorno que tomaron la misma decisión, aumente el gasto de las familias en productos que son buenos tanto para la salud como para la actividad y el empleo en la cadena mar-industria.
