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La Xunta y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) presentaron hoy públicamente el Estudio sobre la delimitación competencial en el ámbito de la Administración Local de Galicia, elaborado en el marco de un acuerdo entre ambas entidades con el objetivo de clarificar las competencias de las administraciones autonómica y local a favor de una prestación eficiente de los servicios públicos. En el acto participaron el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y el rector de la Universidad de la USC, Antonio López, además de la directora general de Administración Local, Natalia Prieto.
El estudio fue realizado por los miembros del grupo de Investigación Empresa y Administración Luis Míguez, Marcos Almeida, Diana Santiago y Andrea Garrido, con la participación de todas las consellerías de la Xunta. En el se evalúan ámbitos como los servicios sociales, el mantenimiento de centros docentes y de salud, la atención a las emergencias, el medio ambiente o la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, entre otros. Se trata de los ámbitos donde se detectan mayores dificultades de deslinde competencial entre ambas administraciones con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar una mejor prestación de servicios públicos.
En su intervención, Diego Calvo se refirió al estudio como un primer paso para reforzar la colaboración con los ayuntamientos con el objetivo de seguir atendiendo sus necesidades y garantizar su autonomía financiera, “siempre desde la lealtad institucional”.
El vicepresidente segundo incidió en el compromiso del Gobierno gallego con las administraciones locales, que se traduce el próximo año en aportaciones que suman 564,3 millones de euros, un 15,5% más que en este ejercicio. En esta línea destacó el incremento en el Fondo de Cooperación Local, que asciende a 143,4 millones de euros, un 17% más que en 2022, y en especial de la parte del fondo adicional, que registra una subida récord del 135% y llega a los 30,5 millones de euros.
Por su parte, el rector de la USC destacó que esta colaboración redunda en una mejor optimización de los recursos públicos que gestionan cada una de las administraciones sobre las que se vertebra el sistema. “En este ámbito solo debe haber alternativa al rigor, a la precisión y al mejor aprovechamiento de los recursos, porque así garantizamos que la ciudadanía reciba los mejores servicios posibles”, añadió. En esta línea, incidió en que participar en este trabajo supuso para la entidad académica “realizar una transferencia de conocimiento en el ámbito del Derecho y el estudio legal, pero sobre todo contribuir de manera aplicada e inmediata al mejor entendimiento de una situación de actualidad y relevancia social”.
Delimitación de las competencias en los distintos ámbitos
El Estudio sobre la delimitación competencial en el ámbito de la Administración Local presentado hoy establece que las entidades locales están obligadas a la prestación de servicios sociales comunitarios básicos de titularidad municipal como la ayuda al hogar, si bien la implantación de otros más allá de esta acepción se llevarán a cabo de manera voluntaria, con base en la normativa sectorial anterior a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (*LRSAL) o *trala evaluación de la sostenibilidad financiera de la hacienda local.
En el ámbito educativo, las entidades locales deben hacerse cargo de los gastos de conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial, salvo cuando fueran afectados totalmente para impartir Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional. Si la afectación fuera parcial, se establecerá el correspondiente convenio de colaboración entre las administración afectadas.
Se señala también que, aunque la Administración autonómica debe hacerse cargo de los gastos de mejora de los edificios escolares, viene asumiendo, a través de subvenciones y sin estar obligada a hacerlo, costes que corresponden a los municipios, como los gastos de gasóleo para calefacción o el servicio de limpieza. En el caso de los comedores escolares, se encuadraría en el ámbito de los servicios sociales de titularidad municipal por ser un recurso complementario al ámbito educativo, una medida tendente a favorecer la conciliación, mientras que el transporte escolar sería de competencia autonómica.
En el ámbito sanitario, el estudio recoge que la Administración autonómica tiene competencia para asumir centros de salud de titularidad municipal y sustituirlos por nuevos de titularidad del Servicio Gallego de Salud (Sergas), al igual que en las unidades asistenciales de drogodependencias de titularidad municipal. Sin embargo, en el que respeta a la situación del personal municipal de los centros de atención a drogodependencia, su integración en la Administración autonómica exigirá el cumplimiento de los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.
En el que se refiere a la atención a las emergencias, en materia de bomberos y salvamento y de protección civil y emergencias, es competencia de los municipios de más de 20.000 habitantes, y de las diputaciones provinciales en el resto de municipios.
El estudio recoge además que los servicios de abastecimiento y saneamiento, son competencias de los ayuntamientos, y las diputaciones tienen el deber de apoyarlos, sobre todo los más pequeños, pese la que la Xunta está apoyando financieramente con el fin de progresar en la optimización de la gestión del agua y en la prestación de estos servicios. Las entidades locales son también competentes en el tratamiento de las aguas residuales y la prestación del servicio de red de saneamiento, que incluye el control de los vertidos la esas redes en el marco de la normativa de aplicación. También les corresponde a los ayuntamientos velar por el cumplimiento de la norma en medio ambiente urbano o la recogida de animales domésticos abandonados.
