Ourense, 9 de mayo de 2022.- La Xunta y los empresarios de Ourense hicieron público hoy un frente común para reclamar al Gobierno una Ley de movilidad sostenible que tenga en cuenta las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad en funciones, Ethel Vázquez, junto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, María Sol Nóvoa Rodríguez, presentaron hoy los alegatos realizados al anteproyecto de la citada Ley que está impulsando el Gobierno de España.

Vázquez Mourelle explicó que esta ley genera una especial inquietud en Ourense, por lo que puede suponer para esta provincia, eminentemente rural, en la que el 75% de los municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes.

Refirió que la ley no recoge la movilidad rural ni incorpora conceptos fundamentales en el desarrollo de infraestructuras de comunicación como la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial y la cohesión social.

Señaló que el texto supedita la planificación de infraestructuras de transporte estatal a la rentabilidad económica, lo que supondrá centrar las inversiones en las zonas más pobladas o en los corredores de mayor demanda, ahondando más en la brecha entre lo urbano y lo rural.

Criticó que la ley abogue por suprimir los servicios de tren en el rural, pretendiendo sustituir el ferrocarril de media distancia por transporte por carretera que deben pagar las Comunidades. Así, tildó de desatino dejar al rural sin tren y trasladarle a la Xunta la responsabilidad de compensar esa carencia con el autobús, a lo que el Gobierno gallego ya dedica cada año 80 M€ para mantener más de 3.400 líneas.

Además indicó que el anteproyecto impide que las comunidades puedan beneficiarse del Fondo Estatal para el sostenimiento de la movilidad, que se reserva, únicamente para las entidades locales, dejando fuera el transporte metropolitano que prestan las autonomías.

Dadas las circunstancias de la ley estatal, la Xunta y la Confederación Empresarial de Ourense piden que se consideren las características diferenciales de Galicia como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que hace precisa una mayor capilaridad de las comunicaciones y de los servicios de transporte.

También se solicita la revisión de los principios para declarar Deberes de Servicio Público en los servicios, ya que la ley prima los criterios económicos frente a la rentabilidad social.

Se apela también a respetar los principios de igualdad en los nombramientos y designaciones de los órganos, así como a una movilidad inclusiva para garantizar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos.

La conselleira reclamó participación y consenso a la hora de abordar un posible sistema de pago por uso en las autovías como mecanismo para financiar el mantenimiento de la red de carreteras. A este respecto, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal la cualquier sistema de pago que se base en la distancia recorrida, ya que es lesivo para Galicia, acrecentando las desigualdades entre comunidades y el desequilibrio territorial.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense apuntó que es llamativo que la Ley no tenga en cuenta a movilidad rural, por lo que destacó unos alegatos para defender la viabilidad de las infraestructuras en zonas donde rentabilidad es eminentemente social, para introducir criterios de rentabilidad social en la planificación de las inversiones.

Abogó por favorecer la movilidad y la accesibilidad del rural, logrando la recuperación, contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial y garantizando la transición ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes.

Por otra parte, la Xunta viene advirtiendo que los criterios del Gobierno central en el reparto de los fondos Next Generation de movilidad, que tienen que ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes, implican dejar al margen al 97,8% de los municipios gallegos.

Concretó que en la provincia ourensana, solo la ciudad de Ourense supera los 100.000 habitantes y no hay ningún municipio que tengan una población entre 20.000 y 100.000, por lo que estas inversiones queden restringidas únicamente a la capital de la provincia.

Lamentó que esta circunstancia lastre el desarrollo de mejoras viarias en el interior e impida que conexiones esenciales para la vertebración, como la mejora de la OU-540 y que puedan ser financiadas a través de esa financiación europea, como pide la Xunta.

La responsable de Infraestructuras en funciones recordó además las obras pendientes del Gobierno central en la provincia como la reforma ferroviaria de la intermodal, que aún no se adaptó a la llegada del AVE; los trechos pendientes de contratación de la Variante Exterior, la autovía a Ponferrada o la Ourense-Lugo, la A-56.

A ese respecto, advirtió de que la nueva Ley que impulsa el Gobierno pretende ser una “excusa legal” para no hacer esas autovías estatales.

Por el contrario, el Gobierno gallego viene trabajando a favor de esta provincia con actuaciones como la mejora de la carretera de A Arnoia, con un presupuesto de 810.000€; el acceso al parque empresarial de Beariz, con casi medio millón de euros; o la mejora de la OU-540, Celanova-frontera portuguesa, que favorecerá la movilidad de 13.000 vecinos de A Baixa Limia y a la que se destinarán más de 10 M€.

La conselleira manifestó, además, la preocupación por el nuevo mapa de concesiones estatales de transporte por carretera de viajeros, que pretende eliminar la mitad de las paradas de las líneas de autobús estatal, priorizando las conexiones entre grandes ciudades y capitales provinciales y dejando sin servicios a los vecinos de las poblaciones más pequeñas.

Kevin Martínez