Muñoz demanda a Caballero que defienda los intereses de los vigueses y exija a su “gobierno amigo” de la Diputación la devolución de los servicios que se prestaban en la sede de Vigo y su ampliación

La portavoz popular avanza que su grupo ha presentado una moción para el pleno instando al alcalde “a defender Vigo” y reclamar a la Diputación que dote a la sede de la ciudad de los mismos servicios que ya prestaba y que se recentralizaron en Pontevedra, y que pida que se amplíen
Publicado por o día 02/07/2016 na sección de Partido Popular,Política

Muñoz demanda a Caballero que defienda los intereses de los vigueses y exija a su “gobierno amigo” de la Diputación la devolución de los servicios que se prestaban en la sede de Vigo y su ampliación

“En la calle Oporto siempre se atendió a colectivos sociales, deportivos y culturales, manteniendo una interlocución directa con ellos, hasta la llegada del actual gobierno provincial”, explica. 

Apunta que la situación, que hace de la delegación local un mero registro, afecta no sólo a la ciudadanía sino a todo el personal que prestaba servicios allí y que ha tenido que desplazarse. 

Subraya que es sorprendente que Caballero haya asistido al vaciado de funciones de la sede viguesa sin hacer una sola protesta: “Se llevan todo a Pontevedra y el alcalde callado, se ve que tiene una doble vara de medir”. 

A esta decisión se suma el “completo abandono de los intereses de la ciudad, por lo que intentan vendernos la apuesta por Balaídos -comprometida ya por el anterior gobierno-, o el casi millón de euros para el Auditorio, que no dan a Vigo sino a una concesionaria mientras los colectivos están desasistidos”.

 La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Concello, Elena Muñoz, ha adelantado hoy que su grupo ha presentado una moción, que defenderán en el pleno del próximo lunes, con el objetivo de que la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra recupere lo servicios perdidos el último año, recentralizados en Pontevedra, y que pida que se amplíen.

“Le pedimos al alcalde que se dirija a un gobierno amigo y le exija a su compañera Carmela Silva, teniente de alcalde de esta ciudad y presidenta provincial, que devuelva a la delegación de Vigo los servicios que se prestaban en ella tradicionalmente”, ha incidido.

En este sentido, Muñoz Fonteriz ha recordado que “en la sede de la calle Oporto siempre se atendió a todos los vigueses y a los agentes económicos y sociales de la ciudad, hasta la llegada del nuevo gobierno provincial”. En concreto, explica, se prestaban servicios a colectivos sociales, deportivos y culturales con los que el personal mantenía una interlocución directa para resolver sus demandas.

Frente a esto, prosigue la portavoz popular, en el último año la Diputación ha desmantelado la sede de Vigo, transfiriendo y recentralizando en Pontevedra los servicios que antes prestaba de modo directo en la ciudad. Así, considera sorprendente que Caballero haya asistido al vaciado de funciones de la sede viguesa sin hacer una sola protesta: “Se llevan todo a Pontevedra y el alcalde callado, se ve que tiene una doble vara de medir”

“Esta transferencia de competencias perjudica, en primer lugar, al personal que trabajaba en la sede, que se ha visto obligado a desplazarse. Y, por supuesto, a la ciudadanía, que ha visto como la delegación provincial ha quedado reducida a un mero registro en el que presentar solicitudes, teniendo que ir a Pontevedra para gestiones más importantes”, ahonda Muñoz.

Completo abandono de Vigo

Sobre esta base, Muñoz Fonteriz pide al alcalde “que deje de exigirle a los demás mientras que él no es capaz de ver lo que tiene delante, que es el completo abandono de la Diputación hacia los intereses de Vigo”.

“Han reducido al mínimo la inversión en la ciudad, y por eso quieren vendernos proyectos irreales”, explica la portavoz popular. En esta línea, apunta, la apuesta por Balaídos estaba ya comprometida en los presupuestos del anterior gobierno provincial, mientras que la inversión de casi un millón de euros en el Auditorio Mar de Vigo es para la concesionaria y tienen abandonados a los colectivos. “Una inversión que no es necesaria porque la UNED se podría habilitar en los actuales edificios judiciales, y menos cuando se le van a pagar a la concesionaria 13 millones durante 20 años”, señala.