OCU lamenta que la refundición de normas concursales siga obviando los créditos de los consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios considera que la aprobación ahora del Texto Refundido no era el momento más oportuno, por la avalancha de concursos que se esperan tras el Covid-19
Publicado por o día 09/05/2020 na sección de Economía,España,OCU,Social

OCU lamenta que la refundición de normas concursales siga obviando los créditos de los consumidores

El jueves se ha publicado en el BOE el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

Al ser un texto refundido no puede incluir modificaciones de fondo ni introducir nuevos mandatos jurídicos, por lo que OCU considera desafortunada la elección de esa fórmula legislativa, ya que, por una parte, se podía haber aprovechado para trasponer la Directiva 2019/1023 de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y, por otra parte, viendo que la vigente Ley Concursal no está preparada para afrontar la crisis del Covid-19, se podría asimismo haber utilizado esta oportunidad para sumar las medidas excepcionales incluidas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril.

Una vez que este texto resulte de aplicación, esto es, a partir del 1 de septiembre, estará vigente apenas 10 meses, ya que la Directiva se ha de trasponer antes del 17 de julio de 2021, lo que supondrá nuevamente tiempo y dinero en otra tramitación parlamentaria.

Para OCU, lo más lamentable es que ni en la hasta ahora vigente Ley Concursal con 242 artículos, ni en el nuevo texto refundido con 752 artículos, hayan encontrado hueco para que los créditos de los consumidores obtuvieran una calificación que mejorara su posición y sus expectativas de cobro del deudor.

Las medidas para afrontar la crisis del Covid-19, que merman los derechos de los consumidores, no les protegen frente a posibles insolvencias y que además no les otorga ningún privilegio en un procedimiento concursal, supondrán, como siempre, un abuso de la parte más débil de las relaciones contractuales, que paradójicamente es la que mueve la economía del país y la que debería estar más protegida.

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