Oltra: ¿odio o escrache?

Artículo de opinión por Carla Leiras.
Publicado por o día 23/10/2017 na sección de Opinión,Opinión por Carla Leiras

Oltra: ¿odio o escrache?

Opinión por Carla Leiras

El escrache, término utilizado previamente en Argentina con connotaciones abultadas de acción directa, fue acuñado en España como evolución de la palabra con matices menos densos a partir del 2013, tras una serie de manifestaciones protagonizadas por la PAH en las que intentaban señalar la responsabilidad de los políticos que votaron en contra de su ILP en pro de una vivenda digna y la solución a las emergencias habitacionales, a fin identificar por tanto una problemática social grave y a sus responsables políticos: en este caso del drama de los desahucios en nuestro país y los diputados que interferían en la legitimación de la Iniciativa.

Este tipo de señalamientos con finalidad de presión fueron reconocidos por el ámbito judicial en diversas sentencias como legales, siempre que se tratase de un acto pacífico derivado de una respuesta a una decisión política que podría haber vulnerado derechos fundamentales y que el acto en sí no tuviese más intención que utilizar la libertad de reunión para denunciar públicamente este hecho e interpelar al cargo público sobre su responsabilidad al respecto.

La doctrina del Constitucional, plasma en sus sentencias 105/1990 y 85/1992 referidas a la libertad de expresión, que “los límites permisibles de la crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones(…) pues precisamente en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica de carácter público es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.

Interior inmediatamente, sembró el debate de si sus policías debían cambiar el término atestado por “acoso o coacciones”: finalmente representantes del SUP salieron en defensa de los manifestantes asegurando que conocían bien las condiciones diferenciadoras de un escenario y otro y que actuarían, caso por caso, recogiendo las circunstancias concretas y por tanto la identificación del término adecuado sobre si el acto era denunciable o no.

Finalmente el concepto quedó acuñado como jerga social dirigido a actos que presentaban unas condiciones concretas: el pacifismo, la proporcionalidad, la posición de poder decisorio de la persona señalada respecto a un grupo/afectado que ya había agotado las vías políticas, y la intención de proteger un derecho social o fundamental que podría haber sido vulnerado con las acciones u omisiones del cargo señalado.

El ejemplo sobre la proporcionalidad fue recurrente: ¿es desproporcionado responder ante una cifra dramática de desahucios, los cuales han sido condenados por la doctrina europea y vulneran el derecho a la vivienda, el realizar una concentración de media hora delante de la casa de que quien, con su decisión política ha colaborado en este desenlace? La respuesta judicial fue que no: una pegatina en un muro no era “desproporcionada” ante un desahucio, no agraviaba al escrachado, era más una molestia temporal con intención de difusión de un conflicto que no tenía más alcance ni recorrido jurídico.

¿Cómo diferenciamos estas actuaciones del acoso o del delito de odio?

¿tiene derecho cualquiera a bascular sobre el derecho a la intimidad de cualquier persona por pensar diferente amparándose en diferencias ideológicas?

Evidentemente no.

La diferencia puede ser ejemplificada con el caso del acoso a Mónica Oltra, vicepresidenta de la comunidad valenciana, suceso que en ningún caso cumplía los requisitos antes mencionados: no fue proporcional ni se intentaba un diálogo ni interpelación política sobre ningún hecho: ella no ostentaba una clara situación de poder frente a una reivindicación de los “manifestantes”, ni había, mediante decisiones propias de su cargo, lesionado gravemente ningún derecho que pudiese ser considerado fundamental.

“El límite del escrache se encuentra cuando la conducta topa con otros derechos tales como son la libertad ideológica, la intimidad, la propia imagen, la libertad ambulatoria o la integridad moral”. “Si no existe ninguna conducta punible, la manifestación o concentración es legal”.

A Mónica la señaló, con formas agresivas, un grupo ultraderechista, cubiertos con máscaras de una película de terror, simplemente para reprocharle su ideología política. Y esto, no es un escrache. No había presión colectiva, no había intención de difusión de señalar un problema o conflicto social del que la justicia no se estuviese ocupando: fue un acto de pura intimidación a una persona de distinto signo político, sin más fondo o intención que esta.

De hecho, las proclamas eran “estamos en contra de los independentistas que pretenden romper la unidad de España”, es decir, condenaban únicamente un posicionamiento y no las consecuencias sociales o de interés general de sus decisiones, que en nada les influyeron nunca. Las consignas no se referían a una denuncia concreta sino que se centraban en dejarle claro “sabemos dónde vives”, que tiene más tinte de amenaza que de interpelación de ningún tipo. No había intención de defender pacíficamente el interés general, un elemento que los juristas señalan como elemental en este tipo de actos.

Recordemos la frase de Ada Colau cuando se la llamaba a participar en el debate de la legitimidad de los escraches de su plataforma: “simplemente, hay vidas en juego”.

¿Qué interés social a proteger hay en juego por lo que la señora Oltra opine políticamente en cuanto a la secesión? Ninguno en absoluto. ¿Qué derecho fundamental se intentaba salvaguardar o difundir mediante este señalamiento? Ninguno en absoluto.

¿Qué es un delito de odio?  El cometido por quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona determinada por razón por motivos racistas “u otros referentes a la ideología”, religión o creencias, situación familiar…

Mi conclusión es bastante obvia: ahora que la dirima un juez.