Opinión por Carla Leiras | Derecho a Morir

Por o 26/03/2019 | Sección: Opinión,Opinión por Carla Leiras
Opinión por Carla Leiras | Derecho a Morir

Desde hace un par de años se viene usando la expresión “turismo de la muerte” para referirse al viaje de aquellas personas que se trasladan a Suiza a acabar con su vida, ya que la región acoge a extranjeros, lo cual es una particularidad poco usual, para prestar sus servicios de suicidio asistido a ciudadanos de otros países con deseo de morir.

El país helvético cuenta con asociaciones como Exit, Dignitas o Eternal Spirit, cada cual con su visión particular de este proceso: Exit sólo presta servicio a residentes legales, pero las tres recorren un largo camino de consentimiento informado, peritajes, y un mínimo de tiempo siendo asociado que demuestre que la decisión final es cabal y meditada. El tribunal Federal Suizo en 2006 tomó la decisión de legalizar que cualquier persona en sus capacidades podía terminar con su vida de forma libre, siempre que se enmarque en una serie de requisitos previos y sea el único ejecutor (solo puede ser asistido).

Las asociaciones de apoyo al suicidio suelen tener algunos requisitos, por lo general exigir preexistencia de una enfermedad previa incurable que produzca grave sufrimiento demostrable, aunque todo va a depender del estudio que se haga caso por caso y que toma unos cuatro meses de transición, ya que hay enfermedades mentales que producen también graves secuelas y podrían justificar una intervención letal pero sin embargo pueden mermar el consentimiento libre. La muerte sin enfermedad previa es todavía una transición no concluida: en Exit están estudiando incluir sus servicios para personas que no estén aquejadas de grave sufrimiento, y que por ejemplo, tengan una edad muy avanzada u otras circunstancias.

Para no ser acusados de cooperación al suicidio, la dosis letal, normalmente, de pentobarbital sódico coordinada con unos fármacos que evitan los reflejos de rechazar estomacalmente el preparado, en todos los casos se acompaña de la obligación de que sea el propio decisor el que se la suministre/beba/inyecte con sus propias manos (el suicidio asistido está permitido en el país, pero la eutanasia activa, no), previa firma de un formulario donde asegura que no está siendo inducido. Un pequeño porcentaje de afectados, socios de estas entidades desisten con el tiempo
y no llegan hasta el final. Muchos otros sí lo hacen: escogen un día, cuando se aprueba su solicitud y son acompañados normalmente por su familia, de la que se despiden para luego, en el momento que elijan, ser sedados con el potente barbitúrico, que suele mezclarse por lo general con zumo. En Eternal Spirit tienen pisos propios a donde se desplaza el afectado, y le ofrecen música clásica o el ambiente que prefiera para pasar sus últimos momentos.

Según Muerte Digna, “lo que no está penado en España es una especie de eutanasia pasiva, regulada por la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, que establece que el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”, así como a “negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley”. El suicidio asistido libre sí está penado en nuestro país, con hasta diez años de cárcel si se considera una intervención ejecutora.

Después de leer mucho sobre el tema, me surgen las siguientes conclusiones:

El hecho de que una persona enferma tenga que acudir a otro país y pasar por estos procedimientos alejado de su entorno me parece invasivo e innecesario. Por tanto, espero la evolución de la asociación Muerte Digna para que pueda realizar la misma función, la cual entiendo lícita y ética.

En estas organizaciones extranjeras, a pesar de que muchos acompañantes, enfermeros asociados son voluntarios y por lo tanto no cobran por su labor, cuentan con un complejo engranaje que mantener y acaban cobrando, además de la cuota de socio ciertas cantidades: se ha hablado que en alguna ocasión, a los extranjeros, unos 6000 euros, y que en otras, el enfermo está tan agradecido que dona a la entidad los bienes que le quedan en vida por “liberarle”. Esto abre la puerta a peligrosos escenarios alejados del altruismo (no necesariamente, pero podría pasar que se acabe convirtiendo en un negocio). Pero si desaparecen estas asociaciones, ¿quién se encarga del problema? En mi opinión, debería ser la propia Sanidad.

En general se considera al suicidio como un acto egoísta y muy poco libre, a mi me parece justo lo contrario, que continuar con una vida que uno no desea es el paradigma de la falta de libertad. Por supuesto que esto no quita que se haga un trabajo profundo y educacional de la prevención del suicidio, y se intente en todo momento que las personas que puedan estar en riesgo por ejemplo, por una enfermedad mental, sean asistidas y tratadas para conseguir que su calidad de vida mejore lo suficiente para que no se planteen esos sentimientos de desesperanza. No creo que haya que hacer apología del suicidio o frivolizarlo a granel: pero sí que en ciertos casos, un gobierno no debería mediante el intervencionismo decidir sobre ciertas cuestiones tan personales y básicas como el deseo de vivir de sus ciudadanos. Trabajar por que las condiciones de vida sean las adecuadas sí, tener un sistema de salud que haga que los enfermos de cualquier tipo accedan a los mejores tratamientos y esto se traduzca en la evitación en lo posible de estas situaciones, también: tomar conciencia social de la cantidad de suicidios producidos por circunstancias económicas que se podrían haber solucionado si hubiese una red fuerte de seguridad que evite que alguien se vea tan desesperado para tirarse por una ventana la noche antes de su desahucio, por supuesto que también. No me parece un acto libre e inocuo el que alguien asfixiado por sus deudas no soporte más la presión y se quite de en medio. Ahí es donde el gobierno tiene que actuar.

De un modo u otro, lo primero que habría que hacer es empezar a ponerlo en el debate público. El tema sigue siendo tabú bajo el viejo paradigma psiquiátrico del efecto contagio que hace que la prensa normalmente silencie los casos de suicidios con muerte violenta: ante tanta desinformación cuando uno bucea y ve las enormes estadísticas, que por ejemplo hay de suicidio en Galicia, o que más personas mueren voluntariamente que por accidentes de tráfico, por ejemplo, se plantea cómo es posible que no haya un análisis serio y colectivo sobre esta cuestión y no se hable, se mire para otro lado.

Lo primero que hay que hacer es estudiar. Que los profesionales, los forenses, los psiquiatras, den su visión y todos aprendamos a qué nos enfrentamos en primer lugar. En segundo, crear un plan de prevención basado en decenas de ramificaciones, que haga que el gobierno se deje la piel en que ni un solo ciudadano por cuestiones materiales se encuentre entre la espada y la pared hasta el punto de tomar una decisión como esa: trabajar la inteligencia emocional en los colegios, la protección institucional socioeconómica para evitar sufrimientos insoportables provocados por el estrés de la exclusión social, mejorar el sistema de sanidad público, y prestar atención psicológica y psiquiátrica de calidad para que cualquier persona que lo necesite pueda tener un seguimiento cercano de sus problemáticas, cosa que ahora mismo no está sucediendo ya que las listas de espera son tan dilatadas que la atención no se ajusta a las necesidades reales.

Una vez nos aseguremos de que como sociedad hacemos todo lo posible para que las causas de que una persona desee dejar de vivir no sean un problema con un banco, un impulso por desesperación ante la soledad o desatención a cierta edad, etc, una vez que los medios se hayan puesto para no ser conniventes de que tantos españoles se vean en ocasiones empujados a quitarse de en medio por la asfixia de su propia existencia, podremos empezar a debatir en profundidad la posible regulación del suicidio asistido desde su perspectiva más amplia, cosa que, fuera del trabajo de Muerte Digna, todavía no está ocurriendo en el país: el debate no está en el centro del tablero político, a pesar de que hay unas diez muertes al día por este motivo.

Mi reflexión es no mirar para otro lado a los problemas que tenemos enfrente. Y no creo que haya que pagar seis mil euros a una entidad extranjera para que un desconocido nos coja de la mano y nos ponga música de Bach: creo que nuestra propia sanidad debería gestionarlo desde el mismo sistema público, y que un afectado pueda libremente acudir a su doctor a explicar sus y circunstancias y saber que, si así lo desea, obviamente tras un proceso garantista y desde la prevención rotunda y firme, va a tener una salida.

Cada vida, cada cuerpo, tiene un dueño, y no somos los ajenos al mismo. Ni el gobierno, ni los médicos, ni los psiquiatras, ni la familia, ni los seres queridos. Cada persona debería tener en su mano la decisión de vivir o morir.

Como para todo, el miedo es una lacra. El miedo a hablar de la muerte también lo es, espero que poco a poco lo superemos juntos y empecemos a debatir sin tapujos ni estigmas.

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