Posici贸n de AMJE ante la situaci贸n creada en relaci贸n con el CASO JUANA RIVAS

Ante los posicionamientos y valoraciones que se han suscitado con ocasi贸n del caso de Juana Rivas y frente a la dolorosa realidad a la que estamos asistiendo desde la Asociaci贸n Espa帽ola de Mujeres Juezas, partiendo del absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, recordamos la capital importancia que tiene la utilizaci贸n de la perspectiva de g茅nero como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jur铆dicas como de su interpretaci贸n y aplicaci贸n
Publicado por o d铆a 22/08/2017 na sección de Social

Posici贸n de AMJE ante la situaci贸n creada en relaci贸n con el CASO JUANA RIVAS

Ante los posicionamientos y valoraciones que se han suscitado con ocasi贸n del caso de Juana Rivas y frente a la dolorosa realidad a la que estamos asistiendo desde la Asociaci贸n Espa帽ola de Mujeres Juezas, partiendo del absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, recordamos la capital importancia que tiene la utilizaci贸n de la perspectiva de g茅nero como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jur铆dicas como de su interpretaci贸n y aplicaci贸n.

Instrumentos jur铆dicos tan necesarios y relevantes como el Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracci贸n Internacional de Menores, de 25 de octubre de 1980 (especialmente su art. 13 ) o el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 corren el riesgo de ser desvirtuados y dar lugar a situaciones materialmente injustas si en su texto y aplicaci贸n no se atiende al contexto y a la realidad que comporta la violencia de g茅nero y a los mandatos que, en tal sentido, se contienen tambi茅n en 茅stos y en otros textos jur铆dicos igualmente vinculantes como el Convenio de Estambul sobre prevenci贸n y lucha contra la violencia sobre la mujer de 11 de mayo de 2011 o la Convenci贸n de Naciones Unidas sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n de la mujer de 1979 (CEDAW) cuyo Comit茅 ha dirigido a Espa帽a concretas recomendaciones para luchar de manera efectiva contra la discriminaci贸n de la mujer, concretamente su Dictamen 47/2012 que, en el caso de Angela Gonz谩lez, adopt贸 el Comit茅 en su 58掳 per铆odo de sesiones de 30 de junio a 18 de julio de 2014, especialmente su punto 11 donde expresamente se dice que:

El Comit茅 formula al Estado parte las siguientes recomendaciones:

a) Con respecto a la autora de la comunicaci贸n:
i) Otorgar a la autora una reparaci贸n adecuada y una indemnizaci贸n integral y proporcional a la gravedad de la conculcaci贸n de sus derechos;
ii) Llevar a cabo una investigaci贸n exhaustiva e imparcial con mi-ras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y pr谩cticas estatales que hayan ocasionado una falta de protecci贸n de la autora y su hija.

b) En general:
i) Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia dom茅stica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y pa-ra que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las v铆ctimas de la violencia, incluidos los hijos. El inter茅s superior del ni帽o y el derecho del ni帽o a ser escu-chado deber谩n prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia;
ii) Reforzar la aplicaci贸n del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para res-ponder adecuadamente a situaciones de violencia dom茅stica;
iii) Proporcionar formaci贸n obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicaci贸n del marco legal en materia de lucha contra la violencia dom茅stica que incluya formaci贸n acerca de la definici贸n de la violencia dom茅stica y sobre los estereotipos de g茅nero, as铆 como una formaci贸n apropiada con respecto a la Convenci贸n, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comit茅, en particular la recomendaci贸n general n煤m. 19.

Tampoco podemos olvidar el compromiso que tiene nuestro pa铆s en la lucha contra la violencia machista y que se reconoce en instrumentos legales que obligan a que una denuncia por estos hechos sea investigada y de lugar a pronunciamientos expresos de protecci贸n de los menores a los que la Ley 1/2004 de Protecci贸n Integral Contra la Violencia de G茅nero reconoce desde el a帽o 2015 , siempre y en todo caso, la condici贸n de v铆ctimas directas de este delito.

En tal sentido y a煤n cuando los hechos no hayan ocurrido en nuestro pa铆s, tanto la LOPJ (art 23.4 l) como el Estatuto de la V铆ctima del Delito (art. 17) prev茅 una competencia espec铆fica de la jurisdicci贸n espa帽ola que, adem谩s, debe ponerse en relaci贸n con la obligaci贸n de adoptar medidas de protecci贸n de los/as menores, cuyo superior inter茅s prevalece sobre cualquier otro inter茅s concurrente y leg铆timo (art. 2.1 y 4 de la LO de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, modificada por la LO 8/2015 de 22 de julio), y a los que se les ha de asegurar un entorno “libre de violencia鈥.
Por su parte el art铆culo 31潞 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci贸n y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom茅stica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE 6/6/14), que entr贸 en vigor el 1 de agosto de 2014 prev茅 que 鈥渓as partes tomar谩n las medidas legislativas u otras necesarias para que en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los/as hijos/as, se tengan en cuentas incidentes de violencia machista en el 谩mbito de aplicaci贸n del Convenio鈥.

Estamos ante una realidad compleja y delicada a la que solo se le puede dar una respuesta adecuada utilizando los instrumentos legales que, expresamente, prevean un tratamiento espec铆fico de la violencia de g茅nero que pueda ser objeto de una aplicaci贸n inmediata por contar con suficientes profesionales formados y medios materiales adecuados para ello, evitando as铆 retrasos intolerables ante realidades que exigen una atenci贸n inmediata. Especialmente necesarias son la existencia de disposiciones espec铆ficas que garanticen adecuadamente la protecci贸n de los/as menores y de las mujeres v铆ctimas de violencia machista en los casos de reconocimiento y ejecuci贸n de resoluciones judiciales extranjeras y en supuestos de competencia judicial de otros estados.