Procedimiento ilegal

Artículo de opinión por Óscar González
Publicado por o día 21/12/2016 na sección de Opinión,Opinión por Oscar González

Procedimiento ilegal

Cuando el Tribunal Supremo (TS) declaró que las cláusulas suelo eran un abuso por parte de la banca, algunos nos sorprendimos gratamente al ver que el poder judicial actuaba para poner coto a los todopoderosos bancos. El hecho de que nos sorprendiese que los tribunales hicieran su trabajo ya debería invitar a una reflexión profunda sobre la degradación que la ciudadanía percibe en las instituciones, pero ese es otro tema.

Duró poco la alegría en esa “casa del pobre” que es el estado español: en un achante bochornoso, el mismo TS se enmendaba la plana a sí mismo, al decir que no procedía una aplicación retroactiva del fallo, pues hacerlo pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero, ya muy debilitado.

Algunos corrimos a buscar en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ese artículo que atribuía a la judicatura española la función de velar por la estabilidad del sistema económico, porque no recordábamos que el Supremo tuviese atribuida dicha competencia. Y claro, en el supuesto de que no le correspondiese dicha función, ni existiese una ley que estableciese la obligación de proteger el sistema financiero a toda costa, era un precedente escalofriante: el máximo órgano jurisdiccional del país se pasaba por entre las cachas el artículo 117.1 de la Constitución, que establece que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley”, lo que en castellano vulgar viene significando, sin afán de entrar en grandes profundidades, que a los jueces les corresponde aplicar las leyes y que, si bien manejan un amplio margen de interpretación de las mismas, ese margen no permite ignorar o saltarse leyes formales.

Es cierto que el artículo 117 de la Constitución, como tantos otros, dice unas cosas preciosas que, en la práctica, suelen deslucir bastante. Anguita dijo una vez que en España el mero cumplimiento del texto constitucional sería revolucionario, una reflexión con la que es difícil no estar de acuerdo cuando uno piensa en cosas como la supuesta igualdad ante la ley, el derecho a la vivienda digna y adecuada, la subordinación de la riqueza al interés general o el derecho al trabajo, por citar solo algunos ejemplos.

Pero incluso con ese descreimiento hacia la Carta Magna que nos aqueja a muchos, la resolución del TS provocaba incredulidad, porque al traducirlo al lenguaje llano y no jurídico, venía a significar algo así como que, efectivamente, la cláusula suelo era ilegal y, por tanto, fraudulenta, pero como la banca había abusado de esa práctica ilegal y le iba a salir en un pico reparar el daño causado, pues que reparase solo un poco y el resto de la xentiña a la que se había estafado, que se jodiera como los parados de Andreíta Fabra.

El fallo, nunca mejor dicho, no resiste un análisis lógico mínimo. Si la teoría del derecho civil establece que una cláusula nula “se tendrá por no puesta”, llama la atención que el Supremo decida aplicar la norma, pero poco. Lo que hace el máximo órgano jurisdiccional es una filigrana argumental, dice que unos señores se han metido en un cristo terrible al gastar como si no hubiera mañana y claro, ahora necesitan robarles a ustedes para poder pagar las facturas.

Y aunque ellos están forrados y usted malamente llega a final de mes, no los van a obligar a reparar el daño causado, no todo, porque los pobres ya han integrado en sus patrimonios ese dinero sustraído y se les pueden desequilibrar las cuentas.

Por fortuna, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra lejos de ese estercolero que son las instituciones españolas y, una vez más, les saca los colores al dejar en evidencia que estas son serviles con los ricos y poderosos e implacables con los que nada tienen. Igual que ya ocurrió en el caso de las hipotecas y los desahucios. En el fondo, porque alcanzar el Tribunal Supremo es algo que se hace lamiendo los ortos adecuados, porque esa Constitución sacralizada pone encima de la mesa una normativa delirante: que los poderes del Estado son independientes entre sí, pero en el art. 127 de la LOPJ, es el legislativo el que designa a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y estos, a su vez, nombran a los presidentes de sala y magistrados del TS.

Así pues, la sentencia del TJUE tiene un sabor agridulce: por un lado, el de la victoria del humilde contra el poderoso, la reivindicación de lo correcto y lo que es de justicia, el freno a aquellos que se creen por encima de las leyes y las normas solo porque tienen demasiado dinero y demasiados deudores de favores. Por otro, el amargo de pensar que en España todavía necesitamos que sean otros los que vengan a hacer cumplir la ley, porque eso constata que estamos desprotegidos ante los que siempre inventarán formas nuevas de lucrarse a costa de la gente corriente.

Amargo, en fin, por vernos obligados a admitir que todavía no hemos alcanzado la mayoría de edad democrática y seguimos necesitando ser tutelados.