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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Consello acordó iniciar la tramitación de la nueva Ley de ordenación del litoral de Galicia (Lolga) con la que busca garantizar el autogobierno pleno sobre la franja costera. “Galicia se va a convertir en la primera comunidad en regular el litoral en toda su extensión”, resaltó.
Rueda destacó que la Xunta quiere una ordenación del litoral “realista, razonable, eficaz y plenamente adaptada a la realidad gallega”. En este sentido, lamentó “la deriva” de las normativas aprobadas en los últimos años por el Gobierno central que “generan inseguridad jurídica y ponen en riesgo actividades económicas claves para Galicia” y aseguró que el objetivo de la futura Ley de ordenación del litoral no es otro que “mantener el equilibro entre la necesaria preservación de los paisajes y actuaciones y proyectos fundamentales para Galicia”.
Para eso, según explicó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, la futura normativa -que se prevé aprobar a lo largo de 2023- ve a adaptarse a la realidad gallega, “atendiendo a su modelo productivo, sus necesidades y un modo de vida” históricamente ligado al mar que nada tienen que ver con los de otras comunidades costeras y que, por lo tanto, requieren de criterios y regulación específicos.
Vázquez recordó que para la elaboración del anteproyecto de la ley se convocó a los 82 alcaldes de los ayuntamientos que conforman el litoral gallego así como la agentes de la cadena mar-industria a reuniones específicas para abordar el contenido de la futura norma. “De las 81 aportaciones, 79 iban en la línea de que precisábamos una ordenación del litoral”, resaltó la conselleira, quien hizo hincapié en “que Galicia quiere y puede gestionar su litoral” y que el objetivo de la Xunta es que esta normativa “sea muy participativa y transparente” al recoger aportaciones de todos los sectores implicados.
Para cumplir con su objetivo de ordenar el litoral en su sentido más amplio, la futura Lolga aborda desde un enfoque integrado diferentes cuestiones que, parcial o totalmente, no están recogidas en la legislación autonómica actual.
De este modo, se busca regular una gestión de las actividades humanas en el litoral que garantice el aprovechamiento sostenible de sus recursos y mantenga en buen estado sus ecosistemas desde una perspectiva ambiental, social y económica que tenga en cuenta los distintos usos existentes en esta franja, los riesgos y amenazas que afectan a los ecosistemas marinos, y las diferentes administraciones públicas que hay implicadas en su gestión.
En este sentido y toda vez que también en el litoral gallego confluyen espacios muy diferentes, como playas, zonas naturales protegidas o suelos urbanizados que requieren de un régimen jurídico específico con reglas o limitaciones que se puedan cumplir en la práctica, la Lolga identifica tres áreas diferentes en la costa según su estado de conservación, fijando para cada una de ellas una serie de objetivos y usos diferentes.
Así, el área de protección ambiental (APA) se corresponde con una extensa zona que conserva características naturales y valores singulares e irremprazables que deben protegerse y preservarse especialmente de cualquier proceso que los pueda alterar. A esta área pertenecen los espacios naturales protegidos y los espacios marinos del litoral, además de aquellos bienes del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que conforman la ribera del mar y de las rías por lo que la prioridad será preservar el paisaje y los ecosistemas, poner en valor los elementos patrimoniales existentes, promover su adaptación al cambio climático y preservarlos de posibles desarrollos urbanísticos.
La llamada área de mejora ambiental y paisajística (AMA) se refiere a zonas que sin llegar a reunir las condiciones antes señaladas, conservan valores naturales y se mantienen mayoritariamente en un buen estado de conservación por lo que requieren acciones de protección, recuperación y renaturalización. En este área estarían, por ejemplo, los terrenos de suelo rústico de protección de costas comprendidos en la zona de servidumbre y en la zona periférica de protección de los espacios naturales protegidos o el resto del suelo rústico, con edificaciones vinculadas a usos y explotaciones de carácter tradicional.
En cuanto al tercero de los espacios señalados, el área de reordenación (ARA), abarca aquellos espacios litorales urbanizados y que se vieron transformados por la acción humana en que la prioridad será su humanización y renovación a través, por ejemplo, de intervenciones ordenadas que incidan en la mejora de los espacios públicos, de las zonas verdes y de las equipaciones dotacionales, de la rehabilitación de edificios en desuso, o de otro tipo de acciones que dinamicen económica y socialmente el litoral. En este área estarían los terrenos de dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros.
Concreción de usos por zonas y actuaciones estratégicas
Con respeto a los usos y a las posibilidades de asentamiento permitidos en el litoral, el texto regula específicamente cuando y para que está justificada la ocupación del DPMT y también las obras, actividades e instalaciones que pueden llevarse a cabo en terrenos comprendidos en zona de servidumbre de protección de costas.
En el caso del dominio público y partiendo de que según la Ley de costas estatal solo podrá ocuparse para usos e instalaciones que por su propia naturaleza no puedan tener otra localización, la Xunta concreta en el anteproyecto de la Lolga, por primera vez y en el ejercicio de sus competencias, cuáles son esas actividades permitidas. En todo caso, la ocupación deberá ser la mínima posible y deberá quedar garantizada la protección del DPMT.
Así quedan reconocidas como actividades permisibles los establecimientos de la cadena mar-industria; las actividades que presten servicios vinculados a la interacción puerto–ciudad; las dotaciones públicas esenciales para el abastecimiento y el saneamiento y depuración de las aguas residuales; las infraestructuras energéticas de electricidad y gas que suministren a las actividades ubicadas en el DPMT; las instalaciones de generación eléctrica que tengan que ocupar el mar y sus instalaciones complementarias; las actividades e instalaciones de servicio público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan situarse en los terrenos colindantes.
En cuanto a la zona de servidumbre de costas, también se concretan las obras permitidas en estos terrenos por no poder tener otra localización o porque prestan servicios necesarios al dominio público. Este reconocimiento por ley resultará clave para resolver situaciones del litoral gallego que por la interpretación uniforme del Estado llevan años enquistadas.
En todo caso y toda vez que casi todos estos usos ya venían siendo reconocidos en la práctica, la principal novedad radica en la inclusión de aquellas obras, instalaciones y actividades necesarias para ejecutar actuaciones consideradas estratégicas para el litoral. El objetivo es identificar usos particulares que ponen en valor y mismo significan una fuente de riqueza y cohesión social para la costa gallega. Por eso, la Lolga les da esta consideración y establece una serie de medidas legales para que puedan desarrollarse de forma sostenible, respetuosa con el entorno y con seguridad jurídica.
En concreto, serán estratégicos los establecimientos de la cadena mar-industria; los usos ligados a la interacción entre puertos y ciudades por su función integradora; la creación de sendas litorales; establecimientos de turismo litoral situados en inmuebles preexistentes de valor histórico o arquitectónico; las intervenciones para la puesta en valor del patrimonio cultural litoral; proyectos para la sostenibilidad económica y social del sector marítimo-pesquero; o las dotaciones públicas esenciales para saneamiento de aguas.
Demanda de plenas competencias
La elaboración de la Lolga también se enmarca en la demanda trasladada por la Xunta en reiteradas ocasiones y por diversas vías para que Galicia asuma, lo antes posible y como ya hicieron otras comunidades, las competencias plenas y efectivas que le atribuye su Estatuto de autonomía sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
El presidente recordó que pese a que la Xunta cuenta con un informe del Consello Consultivo que evaluó la capacidad del Gobierno autonómico para asumir la regulación de su litoral -documento que fue trasladado el Ejecutivo central- “aun no tenemos ninguna respuesta sobre esta cuestión”.
En este sentido, hace falta subrayar que la concesión de los títulos de ocupación y uso del dominio público es una de las funciones ejecutivas que tiene legalmente atribuida Galicia. Por eso, la Lolga señala, de forma clara y expresa, que el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones en el DPMT corresponderá a la consellería competente en materia de ordenación del litoral en el momento en que el Estado haga efectivo el traspaso a Galicia de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer esta competencia.
Así el anteproyecto de la Xunta se adelanta a este hito al regular un procedimiento simplificado en que se integrarán todos los títulos necesarios para llevar a cabo una actividad sobre el dominio público con el fin de facilitar su tramitación. Esta regulación, en todo caso, entrará en vigor cuando se materialice efectivamente el referido traspaso de medios a la Comunidad.
La visión autonómica desde la que se aborda la futura ley en su conjunto se traduce también en la regulación de un sistema de planificación coherente y coordinado de las actividades en el litoral para conseguir un desarrollo sostenible. Así, entre otros instrumentos, la Lolga prevé elaborar una estrategia de economía azul, la aprobación de las directrices de ordenación del litoral como elemento básico para planificar la costa, y dos planes territoriales integrados: el de ordenación costera y el de ordenación marina.
En definitiva, el objetivo es dotar a Galicia de una norma propia ambiciosa y adaptada a la realidad autonómica para resolver los problemas y la inseguridad jurídica generados por las decisiones y reformas normativas impulsadas desde 2018 por el Estado, con una interpretación cada vez más restrictiva de la gestión de la franja litoral y de las políticas autonómicas y que aboga por imponer criterios unificadores en la ordenación de la costa.
Tras el acuerdo de inicio de la tramitación aprobado hoy por la Xunta, el anteproyecto de la Lolga se someterá la información pública y consultas durante el plazo de un mes. Una vez recopilados todas las aportaciones, alegatos y los informes sectoriales requeridos, el texto volverá a elevarse ante el Consello da Xunta para su aprobación como proyecto de ley, previsiblemente, en el primer trimestre del próximo año.
