El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy que Galicia será la primera comunidad autónoma española en regular una certificación de sostenibilidad para la producción alimentaria. “Una cuestión que cada vez más el consumidor tiene como un valor añadido”, apuntó tras la reunión semanal del Consejo del Gobierno gallego.

Será a través de la Ley de la calidad alimentaria, en cuya tramitación avanza la Xunta, completando los pasos previos a su sometimiento al Consejo Económico y Social de Galicia. Hoy, el Consejo del Gobierno gallego conoció un informe de la Consellería de Medio Rural sobre este texto, que se prevé llevar al Parlamento antes de que finalice este año 2022.

Rueda explicó que con esta iniciativa se trata de actualizar el marco normativo gallego referido al impulso de la calidad de los productos alimentarios que se producen o comercializan en nuestra comunidad. Los principales objetivos de la nueva ley son, segundo desgranó el máximo mandatario autonómico, “dar un nuevo ánimo a la excelencia de nuestros productos, incrementar su atractivo y éxito en el comprado, impulsar el desarrollo local, es decir, el empleo y la actividad en el rural, y acercar todas las garantías de calidad a los consumidores”.

Al tiempo, también se quiere fomentar, potenciar y garantizar la producción de alimentos de calidad diferenciada en Galicia y regular el funcionamiento de los consejos reguladores como entidades de gestión de figuras de protección de la calidad diferenciada. En esta línea, se busca establecer los deberes de los operadores del sector en relación con su actividad como productores, *elaboradores y comercializadores de productos alimentarios. “Son algunas de las novedades, en definitiva, de una nueva ley que pretende reforzar la producción de nuestros productos de calidad, darles un nuevo impulso en el comprado, unir fuerzas con los productores y ser más eficaces contra las prácticas fraudulentas”, valoró el presidente.

Calidad diferenciada

En este sentido, la nueva norma recoge la regulación del fomento y del desarrollo de la producción amparada por los distintivos de calidad diferenciada -como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas-, que reconocen unos altos estándares de calidad y les permiten a las personas consumidoras reconocer en el comprado estos productos con mayor valor añadido. Incluye, además, la definición de la calidad estándar y de la calidad diferenciada (en función de se las características cualitativas de un producto son consecuencia del cumplimiento de requisitos obligatorios o de normas de carácter voluntario) y especifica las competencias y organización administrativa al respeto, con la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria como responsable de la promoción y del control de la producción agroalimentaria gallega con calidad diferenciada.  De esta forma, los productos con el logotipo específico implican que están elaborados de acuerdo a criterios de calidad, de respeto al ambiente, de protección de los trabajadores y de la ciudadanía y que generaron una renta idónea para todos los eslabones de la cadena de valor. En este contexto, la futura ley consagra y potencia esta Agencia como eje fundamental de toda la calidad alimentaria de Galicia, asumiendo muchas e importantes funciones que no estaban reguladas hasta ahora en la normativa, ya que esta entidad -creada en el año 2018- no existía en la anterior legislación.

Entre las novedades de la futura ley figuran la creación de dos nuevos órganos de consulta y participación del propio sector. En primer lugar, el Consejo Alimentario de Galicia, un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y propuesta para los asuntos referidos a la ordenación, promoción, fomento y desarrollo de la calidad alimentaria en nuestra Comunidad. En segundo término, la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia, que servirá de asesoramiento e impulso del sector alimentario de la calidad diferenciada.

Asimismo, la norma regulará de manera innovadora la promoción de marcas de garantía sectoriales y de una marca global para toda la producción alimentaria gallega que cuente con requisitos de calidad específicos. Por otra parte, el anteproyecto regula -de manera más extensa que en la legislación actual- el sistema de autocontrol de las personas operadoras, las medidas de fomento de la calidad alimentaria y la promoción del cooperativismo en el sector alimentario. Al mismo tiempo, aboga de manera importante por la compra o contratación pública verde de productos alimentarios, como instrumento mediante lo cuál las autoridades públicas podrán adquirir productos y servicios alimentarios con un impacto ambiental reducido, atendiendo asimismo a criterios sociales y de calidad diferenciada.

Hace falta destacar, además, que con esta norma Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma española que regula una certificación de sostenibilidad para la producción alimentaria. Así, la Xunta apuesta por establecer un sistema de certificación de la sostenibilidad basado en un conjunto de normas encaminadas a garantizar el respeto al ambiente, a la calidad y a la seguridad alimentaria, a la protección de las personas trabajadoras y a la ciudadanía, y una renta adecuada para los diferentes los eres de la cadena de valor, especialmente en el caso de los operadores primarios. La adhesión la este sistema de certificación será voluntaria y será reconocible con un logotipo específico.

Consejos reguladores

Con respeto a los consejos reguladores, se defiende una adaptación al nuevo marco legal ahondando en su profesionalización, especialmente en el caso de los de menor tamaño, en la búsqueda de su consolidación como ejes fundamentales de la calidad diferenciada gallega. Así, se establece que la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria apoyará estas entidades para avanzar en ese proceso de mayor profesionalización, con el objetivo final de impulsar la calidad diferenciada gallega como referente de calidad y valor añadido.

Hace falta señalar también que la futura ley recoge una revisión del catálogo de infracciones y del procedimiento sancionador, adecuándolo a la realidad actual, teniendo en cuenta -entre otras cuestiones- el cada vez mayor volumen de ventas que se realizan a través de páginas web y mediante el comercio electrónico. En esa línea, se prevé que el régimen de infracciones y sanciones se aplicará también al vino y a los productos derivados de la uva y del vino y, en particular, al vinagre de vino, a la aguardiente de orujo y al *mosto, excluidos en la actual legislación autonómica. Asimismo, se incluye un régimen de infracciones y sanciones específico en el ámbito de la clasificación de canales de ganado vacuno y porcino, no previsto hasta ahora.

A través de esta nueva norma se busca actualizar la Ley 2/2005, de 18 de febrero , de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega, para dar respuesta a los cambios experimentados en la producción y comercialización alimentaria, a la incorporación de las nuevas tecnologías y de diferentes formas de comercialización, así como al incremento de los intercambios entre estados. En esa línea, hace falta acometer una adaptación de la normativa a la nueva situación, estableciendo medidas que permitan mejorar el control de los alimentos destinados a la comunidad gallega o procedentes de ella.

Además, también se produjeron cambios en el marco legal comunitario y español en materia de regulación de la calidad alimentaria, que hacen preciso proceder la esta nueva regulación. En esa dirección, es necesario sistematizar en una única disposición a compleja normativa en la materia de la calidad alimentaria, para dar una mayor seguridad jurídica a los operadores y agentes que actúan en nuestra comunidad, al tiempo que se da respuesta a la demanda de la ciudadanía, cada vez más interesada en acceder con todas las garantías a productos alimentarios de calidad, sostenibles y de cercanías.

Kevin Martínez