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Rueda indicó que, con el fin de paliar este tipo de situaciones de vulnerabilidad, las personas beneficiarias tienen derecho a una prestación que, desde el año 2020, equivale al 100 % de la renta que figure en su contrato de alquiler, siempre y cuando esta no supere la cuantía límite establecida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para cada área geográfica.
De este modo, destacó que en las 7 grandes ciudades, el importe que asume la Xunta a través del bono es de, como máximo, 550 euros al mes; en los ayuntamientos de tamaño medio y localizados en entornos urbanos, está fijado en 500 euros; y en el resto de municipios, el límite consigue los 425 euros.
En todo caso, estas cuantías se incrementan en un 20 % cuando la unidad de convivencia del beneficiario necesite disponer de una vivienda adaptada o esté integrada por 5 o más miembros, por lo que en estos supuestos el importe de la ayuda podrá llegar hasta los 660, 600 o 510 euros, respectivamente y según la zona.
Para acceder a estos incentivos, los solicitantes deben acreditar que los ingresos ponderados de la unidad de convivencia son inferiores a 1,5 veces el IPREM —entre 12.600 euros anuales en 14 pagas para unidades familiares de 1 miembro y 21.000 euros anuales para unidades familiares de 5 o más miembros—. Esta cuantía se ve incrementada en función del número de miembros de la familia y de otras circunstancias particulares que ponderan para el límite de ingresos.
Además, Rueda puso en valor el hecho de que los perceptores de esta prestación también pueden recibir una ayuda complementaria de hasta 600 euros destinada a pagar los gastos asociados a la constitución de un nuevo contrato de alquiler —fianza, alta de suministros, etc.— o bien, en caso de que permanezcan en la vivienda objeto de desahucio, a atender las cantidades pendientes de pago que motivaron el inicio del procedimiento.
El Bono de alugueiro social se concede por un período de 12 meses consecutivos, aunque pueden solicitarse 4 prórrogas. De este modo, los beneficiarios tienen derecho a percibir esta ayuda que les garantiza la cobertura total de su alquiler por un máximo de 5 años.
Convocatoria abierta hasta agotar el crédito
El año pasado, la convocatoria del Bono de alugueiro social se hizo en el marco del Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025, un conjunto de medidas y ayudas en materia residencial con cofinanciación autonómica y estatal.
Además, la prestación se convocó de forma continuada y permanente hasta el año 2026 o hasta agotar el crédito, por lo que en la propia convocatoria se preveía la posibilidad de que el presupuesto inicial fuera ampliado. Por eso y ante la existencia de remanentes y nuevos fondos disponibles tras prorrogarse hasta el año 2024 el Pacto de Estado contra la violencia de género —en el marco del cual se financia el alquiler de las víctimas de violencia de género—, la resolución aprobada hoy por el Consello da Xunta de Galicia permite sumar a los 15,8 millones de euros disponibles para la actual convocatoria otros 2,86 millones de euros adicionales con los que se reforzarán las anualidades 2023 y 2024.
