UFP-Pontevedra denuncia la inaceptable discriminación en materia de seguridad que sufren los vecinos de las ciudades de la provincia de Pontevedra en favor de otras ciudades gallegas

“Los cargos públicos son designados para ejercer desde la responsabilidad y con afán de servicio público a los ciudadanos y a las instituciones a las que representan, de ahí que este sindicado no se esconda y solicite soluciones para una discriminación sin precedentes”
Publicado por o día 08/02/2022 na sección de UFP

UFP-Pontevedra denuncia la inaceptable discriminación en materia de seguridad que sufren los vecinos de las ciudades de la provincia de Pontevedra en favor de otras ciudades gallegas

En el día de ayer, la Unión Federal de Policía de Pontevedra (UFP-Pontevedra), comité sindical policial de referencia en Galicia, conoció la propuesta realizada por el Ministerio del Interior para la provisión de puestos de trabajo en las diferentes plantillas de la Policía Nacional por todo el territorio nacional.

Tras años denunciando, por parte de este sindicato,  la imperiosa necesidad de personal en las comisarías de las ciudades de la provincia de Pontevedra y tratar la misma con el máximo representante del Gobierno Central en la provincia, la Subdelegada del Gobierno socialista Maica Larriba, esperaban un cambio de tendencia. Tras esta propuesta de provisión de policías no sólo no se cumple lo deseado, si no que se certifican los peores pronósticos históricos en materia de seguridad.

Y es que la delincuencia crece, no hay que medirla en crecimiento poblacional, si no en necesidad de seguridad, con policías observan como las denuncias crecen, los servicios policiales aumentan, los delitos electrónicos se disparan y sin fronteras los delincuentes extranjeros hacen su agosto, y para eso se pedía más policía, para ofrecer y dar seguridad.

Pero no sólo vemos como las doscientas plazas de policías necesarias para paliar la escasez de personal en las comisarías de la provincia de Pontevedra no han llegado, si no que se pueden calificar de ridículas.

Sigue la discriminación hacia las comisarías de la provincia de Pontevedra, tratando a los ciudadanos de Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Marín, Salvaterra de Miño y Tui como ciudadanos de segunda.

Tan sólo 36 policías llegarán a la provincia Pontevedra con esta propuesta, en contraposición de los 76 de la provincia de La Coruña, y eso que en Pontevedra  se encuentra la comisaría de Vigo, la comisaría de policía más importante y con mayor carga de trabajo de Galicia.

Sobrecarga de trabajo y deficitaria atención al ciudadano

Desde la UFP remarcan que con esta propuesta se demuestra la alejada realidad que le es transmitida a Madrid de las necesidades de las comisarías de policía en la provincia de Pontevedra en materia de personal y medios, de ahí que públicamente le soliciten a la Subdelegada del Gobierno que remedie esta propuesta para que no sea definitiva y reclame para las comisarías de la provincia los agentes y unidades policiales necesarios. Remarcan que “los cargos públicos son designados para ejercer desde la responsabilidad y con afán de servicio público a los ciudadanos y a las instituciones a las que representan, de ahí que este sindicado no se esconda y solicite soluciones para una discriminación sin precedentes”, que llevarían a las plantillas actuales a una sobrecarga de trabajo y a una deficitaria atención al ciudadano, que como siempre, los agentes intentan paliar con profesionalidad y dedicación.

Vigo

“Vuelven a priorizar a La Coruña por encima de Vigo pese a la imperiosa necesidad de policías en la ciudad más grande de Galicia”.

En la comisaría de Vigo, la más castigada en personal policial de Galicia, ven atónitos una propuesta en la que llegarían 20 agentes a su comisaría, por los 36 que llegarían a la ciudad de La Coruña, una propuesta sin cabida en la realidad actual de su área metropolitana, ya que posee un catálogo de puestos de trabajo y unidades ya obsoletos desde su creación, y que necesitaría al menos 100 agentes para desdibujar su precaria situación, a mayores de las tan necesarias unidades de guías caninos, brigada móvil, ampliación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), subsuelo y nuevos grupos de investigación en la lucha contra los delitos informáticos y narcotráfico.

Vigo aglutina la mayor parte del trabajo policial del Sur de Galicia, y es que su área de trabajo en relación con la población flotante y que reside en el área metropolitana superan por mucho el medio millón de personas diarias, siendo la ciudad de referencia en el noroeste de España.

Pontevedra

La llegada de 14 agentes serían insuficientes para cubrir las necesidades de la capital de la provincia, una ciudad para la que la Unión Federal de Policía lleva años reclamando una unidad de Prevención y Reacción (UPR) con 30 agentes solamente en funciones de seguridad ciudadana que garantice la seguridad de sus ciudadanos y el buen desarrollo de las operaciones policiales que se lleven a cabo en su ciudad y norte de la provincia.

Vilagarcía de Arousa

El caso más sangrante de falta de personal policial, una comisaría en la que ni se cubren las jubilaciones y donde ya se anuncia en prensa el cambio de horarios en los servicios policiales por falta de personal y que no podrán atender al público las 24 horas en su comisaría.

Pues desde el Ministerio del Interior y la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra, que dirige la socialista Maica Larriba, la misma que autorizó el desmantelamiento de la comisaria de Redondela, no han considerado necesario que se envíen más policías, abocando a sus ciudadanos a trasladarse a la comisaría de Pontevedra para poder presentar denuncias si su deseo es hacerlo a cualquier hora del día, rechazando la petición que lleva realizando la Unión Federal de Policía en los últimos años de ampliar la plantilla policial de esta ciudad en al menos diez agentes.

Salvaterra de Miño y Tui

El ministerio del interior, nuevamente, ha considerado innecesario reforzar unas plantillas policiales que se encargan del control de las fronteras nacionales y de su permeabilidad a la hora de evitar la entrada de delincuentes desde el país vecino.