La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el acuerdo alcanzado entre las partes, ha condenado a un falso médico de Ferrol a seis años de cárcel por cometer delitos de intrusismo profesional, estafa y falsedad de documentos oficiales, así como cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, uno de ellos con deformidad. La mujer del acusado aceptó ser sentenciada a un año de cárcel como cómplice del delito de estafa.
La Audiencia tuvo en cuenta, en ambos casos, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y de reparación del daño, así como la de reincidencia en el delito de intrusismo profesional respecto al condenado. Además, el investigado deberá abonar más de 3,2 millones de euros en indemnizaciones a las más de cien víctimas por los honorarios que les cobró, los gastos en pruebas y los desplazamientos, así como por las lesiones, las secuelas y los daños morales que les causó.
El tribunal indica en la sentencia que, tal y como admitió el sospechoso, durante al menos los cinco años anteriores a su detención, en febrero de 2008, ejerció como médico y osteópata pese a no contar con la titulación necesaria. “A tal fin, a largo de los años, y desde al menos 1998, se dotó de numerosos títulos y certificaciones de diversos centros docentes y sanitarios, tanto españoles como extranjeros, que después exhibía públicamente. Bajo tal amparo y aprovechando además el nombre, crédito y firma de otros auténticos profesionales de la medicina, consiguió atraer a su local de Ferrol, al que después sumó otro en Viveiro, a centenares de personas”, relatan los jueces en la resolución.
A sus pacientes, según el fallo, les cobraba “importantes sumas de dinero” por aplicarles “falsos tratamientos dirigidos supuestamente a sanar enfermedades reales preexistentes, en algunos casos, o enfermedades inexistentes que él mismo ideaba y decía diagnosticar, en otros”. El condenado llegó a realizar operaciones quirúrgicas, “con el consiguiente quebranto de la integridad física de sus víctimas”.
El tribunal indica que las cantidades cobradas por el acusado a sus pacientes oscilaban entre los 20 y los 100 euros por consulta; y los 500 y los 15.000 euros por intervenciones. “Todas esas cantidades eran pagadas en metálico y en casi ninguna ocasión se extendía factura ni recibí de ninguna clase”, destacan los jueces.
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