El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reclama al gobierno del Estado que active el Plan Nacional de Emergencias por contaminación dado con el vertido de pellets plásticos que está alcanzando la costa gallega proveen de un buque que estaba navegando en aguas portuguesas, y por el tanto, es la administración Central a competente. El titular de Mar hizo estas manifestaciones acompañado por el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basante y el subdirector xeral de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto, durante la visita a la playa do Cabeiro para continuar visitando todas las zonas afectadas y seguir de primera mano la evolución del vertido y los trabajos que se están acometiendo desde la entidad municipal.
Alfonso Villares explicó que, a pesar de las informaciones que se están publicando, la administración autonómica no recibió comunicación oficial del sucedido el pasado 8 de diciembre, cuando el buque mercante Toconao perdió seis contenedores en aguas portuguesas uno de los cuales contenía pellets plásticos. La primera comunicación, vía email, llegó a la Consellería del Mar el 3 de enero y en la misma se explicaba el sucedido así como que el día 20 de diciembre ya había sido comunicado a la Dirección de Costas y a la Delegación del Gobierno sin que nadie del Ministerio informase a la Xunta de los pormenores del acontecido.
En ese sentido, el conselleiro mostró su preocupación y cuestionó las razones por las que la Administración central no ofreció esa información sobre lo sucedido durante 14 días, ni se pusiese en contacto con el Gobierno autonómico así como el hecho de que no se había tomado ninguna actuación para abordar esta problemática. “¿Cuáles fueron las razones por las que el Gobierno, teniendo toda la información y sabiendo lo que está aconteciendo, no activó el Plan Nacional de Emergencias por contaminación marina siendo la administración competente para hacerlo?” cuestionó.
El responsable autonómico destacó que es el Gobierno central quién tiene acceso a toda la información a través de organismos como la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) o del Gobierno portugués, en cuyas aguas tiene origen el incidente, de acuerdo con la legislación marítima internacional. Una información, insistió, que continúa sin facilitar al Gobierno gallego por lo que exigió mayor transparencia por parte de los responsables estatales. En esa línea, explicó que competencia cuando la contaminación provienene de buques o plataforma fijas donde España ejerce su soberanía recae sobre la Administración General del Estado.
La Xunta, por el contrario, comenzó a tomar medidas desde el minuto uno activando el Plan Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia) a nivel 1 y movilizando al personal de Guardacostas de Galicia y personal de Tragsa para acometer las labores de vigilancia a lo largo de toda la costa gallega y apoyando a los ayuntamientos afectados en los trabajos de limpieza y retirada de los sacos y restos de este material que alcancen la costa.
Apoyo del sector
Alfonso Villares, que también estuvo acompañado por el presidente de la Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez, y por el patrón mayor de Porto do Son, Emilio Queiruga, y el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, trasladó tranquilidad al sector pesquero, con los cuales está en permanente contacto así como con todos los ayuntamientos afectados, dejando claro que se está actuando con todos los medios al alcance con el objetivo de retirar la máxima cantidad de material y minimizar los posibles daños al medio ambiente.
Por otra parte, resaltó que los costes de los trabajos de retirada y limpieza que se están ejecutando en estos días y que continuarán el tiempo que sean necesarios serán trasladados a la empresa armadora del buque. En ese sentido se debe señalar que Ley de Responsabilidad Ambiental señala el deber del responsable de un vertido de hacerse cargo de las medidas de prevención, evitación y reparación. Desde la empresa ya fue trasladada su voluntad de colaborar con las administraciones con medios técnicos y económicos para atajar la situación.